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El secretario deja la mancomunidad de O Ribeiro por discrepancias

C.P. RIBADAVIA

OURENSE

El presidente, y alcalde de Ribadavia, le responsabilizaba de las cuestionadas bases de contratación laboral En la carta de renuncia lamenta la falta de entendimiento con Pérez Iglesias

13 sep 2002 . Actualizado a las 07:00 h.

Pablo Fernández Loureiro presentó su dimisión como secretario de la Mancomunidade de Concellos de O Ribeiro el pasado 2 de septiembre, aunque la decisión se hizo firme cinco días después. Un hecho confirmado ayer a La Voz por el presidente de la entidad supramunicipal, José Pérez Iglesias, que reconoció el trabajo desempeñado por Fernández Loureiro en los últimos meses y enmarcó su decisión en asuntos de funcionamiento interno del ente comarcal. «É un bo profesional e lamento que se fora porque sempre se portou ben conmigo», afirmó, a la vez que mostró su disposición a subsanar con la máxima celeridad el problema que genera su marcha, sobre todo, cuando se está realizando el proceso de selección del personal para el servicio de guardería comarcal. El ya ex secretario de la mancomunidad no parece, sin embargo, tener la misma opinión del máximo responsable del organismo ya que en el escrito de su renuncia alude a falta de entendimiento y a dificultades a la hora de ejercer sus funciones «como sería de desear» dadas las diferencias de criterio existentes con el actual presidente. Discrepancias que le han hecho desoir las indicaciones de los regidores de Arnoia. Rogelio Martínez, y de Beade, Senén Pousa, que le recomendaban que reconsiderara su postura y mantuviese el cargo. Causa El detonante del acuerdo adoptado por Pablo Fernández a principios del presente mes puede estar en la modificación de las bases realizadas para la contratación de personal -un cocinero y un educador-para el servicio de guardería comarcal y que él redactó. Su publicación en el BOP durante el pasado mes de agosto, provocó una gran polémica al ser calificadas por los partidos de la oposición y los sindicatos de xenófobas y discriminatorias, ya que exigían «ser español» para optar a un trabajo en la entidad supramunicipal.