Acusan a las firmas que litigan de no presentar sus cuentas al Registro
22 abr 2012 . Actualizado a las 07:05 h.La adjudicación del servizo de axuda no fogar del Concello de Ourense, que la junta de gobierno local adjudicó el pasado 22 de diciembre, será revisada por el juzgado de lo contencioso. Hasta ahora, ante la administración municipal, los argumentos de la unión temporal de empresas formada por FCC y Corporación LS Servicios Sociosanitarios han tenido más peso. El gobierno local, de hecho, ha ignorado las motivaciones de las empresas de José Troncoso, antiguo cargo político del PP. Este, entre otros argumentos, se refería a la supuesta falta de experiencia de la nueva adjudicataria, cuando, en realidad, el gerente de la actual y de la anterior, la UTE Troncoso - Saludges Servicios Sociosanitarios, son la misma persona, el economista y consultor Alberto López Rodríguez. El fundamento del conflicto, al cual dio la oposición municipal una amplia difusión en el último pleno, está en «esa rivalidad», a juicio de la firma que se responsabiliza del servicio actualmente.
Irregularidades «gravísimas»
El escrito de alegaciones que FCC-Corporación LS ha presentado al Concello de Ourense, en defensa de la adjudicación decidida por la mesa de contratación municipal, apunta a la existencia de irregularidades de carácter legal y mercantil en las sociedades que han recurrido la concesión. Para FCC-Corporación LS es «gravísimo» que «ninguna de las sociedades de Troncoso se encuentre registralmente activa».
Las firmas que optaban a gestionar este servicio y quedaron clasificadas en segundo lugar, Sierra Martiñá S.L. y Sartédigos Servicios de Asesoría S.L., que acudían como unión temporal de empresas (UTE), «no han depositado cuentas anuales, ni consta siquiera su aprobación desde el año 2006 en el caso de Troncoso Casares S.L. y 2007 en el caso de Sierra Martiñá S. L.».
Desde hace cuatro años, añaden los actuales adjudicatarios en la defensa de su posición frente a las imputaciones de las que han sido objeto, con esa dejación que censuran «se ha sustraído cualquier información económico-financiera sobre su solvencia a terceros, acreedores y administración interesada».
Información exigida
FCC y Corporación LS llaman la atención sobre la ausencia de información pública actualizada en el Registro Mercantil, cuando tal extremo era «exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del servicio de ayuda a domicilio del Concello de Ourense».
Troncoso Casares S.L. y Sierra Martiña S. L., afirman, «no solo se encuentran en situación de cierre registral, lo que dificulta el propio proceso de gestión, sino en causa de disolución social; además, las dos mercantiles se encuentran en uno de los supuestos de concurso culpable previsto en la normativa mercantil de aplicación. Esta situación es muy grave para unas entidades que pretenden prestar un servicio a la administración pública».