Asegura que el informe que sustenta su condena fue falsificado
22 dic 2013 . Actualizado a las 06:50 h.El exalcalde de Melón, Alberto Pardellas Álvarez, ha solicitado de nuevo su indulto al ministro de Justicia. El exregidor había sido inhabilitado para empleo o cargo público en el año 2010. Se le condenó por prevaricación al autorizar las obras del polideportivo municipal en las inmediaciones del monasterio de la localidad, protegido como Bien de Interés Cultural. Según la sentencia, el entonces secretario, Ricardo Pernas, había advertido en un informe que la actuación no contaba con autorización previa de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, responsable en aquel momento de las competencias de Patrimonio. Pues bien, según Pardellas ese documento fue falsificado.
«Recientemente se ha tenido noticia de unos hechos de trascendental relevancia, en tanto permiten desvirtuar la condena impuesta», dice el escrito remitido por el abogado del exalcalde al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para suplicar su indulto. Se refiere al citado informe del secretario municipal, fechado a día 22 de septiembre del año 2004. «Se ha podido constatar -dicen- que fue modificado en el mes de octubre».
El baile de fechas fue acreditado por la funcionaria que años después relevó a Ricardo Pernas en la Secretaría de Melón. María del Carmen Limia certificó que el documento en cuestión tenía como última fecha de modificación el 6 de octubre del 2004 a las 17.30 horas, la misma conclusión a la que llegó la empresa Datanova Informática, que analizó el ordenador utilizado por Pernas por encargo de la actual alcaldesa, la esposa de Alberto Pardellas, Cristina Francisco.
La defensa de Pardellas también aporta a Gallardón un informe elaborado por el siguiente secretario que pasó por Melón, Rogelio Cenalmor, que curiosamente ahora trabaja también en Xinzo en sustitución del funcionario que ha denunciado al alcalde por coacciones después de serle intervenido su ordenador. Pues bien, Cenalmor elaboró un documento en el que muestra su extrañeza por el hecho de que la advertencia de que faltaba la autorización de Patrimonio se incluyese en un informe de reparo económico por un asunto menor cuando debería haber sido objeto de un informe jurídico específico. Además, le «chama a atención» que el funcionario que antes ocupaba su puesto nunca diese cuenta de ese reparo al pleno.
Concluye Pardellas que todo ello «no viene si no a incidir en la idea de que el informe [...] se limitaba originalmente al reparo económico resuelto por el propio secretario-interventor, siendo posteriormente modificado su contenido para añadir aquellos aspectos jurídicos que finalmente fueron tomados en consideración por el tribunal».