El asunto no es nuevo para UGT. El 11 de mayo del 2012 tuvimos una primera reunión en Santiago con dirigentes del PSdeG-PSOE, encuentro que tuvo continuidad con los demás grupos parlamentarios. Basábamos nuestro análisis en los informes de las comisiones de expertos creadas por el ministro Gallardón para todas las reformas en marcha. Al mismo tiempo que se presentaba este análisis, iniciábamos una campaña informativa para dar a conocer a los ciudadanos y a sus representantes el alcance de la reforma que se nos venía encima. UGT dirigió entonces cartas y llamó a la puerta de los ayuntamientos.
Nos congratulamos ahora de que otras organizaciones y colectivos se han eco de algo que llevamos denunciando hace tiempo. Llegan dos años tarde, pero bienvenidos. UGT entiende que la unidad de acción es fundamental, el mensaje que tiene que transmitir la sociedad es único y el mensaje es que la justicia es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, como recoge la Constitución, tanto como la sanidad o la educación. Lo que se pierda en justicia se va ganar en inseguridad. Si no le damos solución a los problemas por la vía judicial, los ciudadanos los terminarán solucionando por la fuerza, lo cual nos lleva al ocultamiento del conflicto social.
El PP parece que no se da cuenta de la idiosincrasia de Galicia, tanto en comunicación como en población. Galicia pose más de la mitad de todos los municipios de España y por eso no se puede suprimir ningún partido judicial.
Las reformas están orientadas a reducir la litigiosidad por la vía del recorte y al mismo tiempo reducir plantillas de funcionarios: es un ERE encubierto.
El objeto real de estas reformas es que los ciudadanos no puedan acceder a las administración de justicia y acabar así con su endémico retraso, evitando la la litigiosidad, en lugar de dotarla de recursos humanos y materiales suficientes para que preste un servicio digno, rápido y eficaz a todos los ourensanos.