A la Ley Orgánica del Poder Judicial le queda un largo camino. Y aunque pueden ser años, según distintos medios judiciales, las voces críticas son cada vez más intensas. Aún no han tomado partido los colegios profesionales, pero en el Consello Galego da Abogacía empezaron a sentar las bases de una posición que previsiblemente será crítica, como lo ha sido con las tasas. También esta semana se han dado los primeros para constituir una plataforma animada por organizaciones políticas de izquierdas. En la provincia de Ourense, según un análisis realizado por UGT, más de la mitad de los vecinos de la provincia, es decir, 167.000 personas, dejarán de tener juzgado en su propia localidad, ya sea de paz o de primera instancia e instrucción, con sus correspondientes registros civiles.
Los peores augurios, que apuntan a la concentración de juzgados en la capital, dicen que 68.000 vecinos de los ocho municipios que son cabecera de partido judicial (Ourense al margen) verán incrementada la distancia entre su residencia y las nuevas sedes, entre 20 y 200 kilómetros en traslados de ida y vuelta.
Un centenar de funcionarios, finalmente, se verían afectados por esa indefinida situación.