No han faltado valoraciones alarmistas que, con poco rigor y fundamento, pretenden confundir a la opinión pública, afirmando por ejemplo que se van a cerrar los juzgados que no estén ubicados en capitales de provincia. De la lectura del anteproyecto se desprende que el objetivo de la reforma es agilizar la justicia y reducir los tiempos de resolución con medidas como la puesta en marcha de tribunales provinciales de instancia y el fortalecimiento de la especialización judicial, que redunde en la profesionalización y la potenciación de los tribunales superiores en las respectivas comunidades autónomas.
Se trata de actuar sobre la organización misma de la administración de justicia, en aras a la obtención de resoluciones judiciales de calidad, en el menor tiempo posible, el menor coste y el mayor índice de satisfacción del justiciable. Se propone un modelo que sin merma de la independencia judicial, aprovecha y optimiza la totalidad de los medios personales y materiales de los que disponemos y mantiene las sedes judiciales actuales, con la denominación de «sedes desplazadas» del tribunal.
Estamos en una fase muy inicial. El Anteproyecto fue remitido para dictamen a las comunidades autónomas, al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal. Es momento de hacer propuestas razonadas y constructivas. Comparto el planteamiento de la Xunta, de hacer llegar al Gobierno que Galicia tiene peculiaridades y especificidades propias, como el importante volumen de población que vive en las siete grandes ciudades, (más del 36% del total), la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y las distancias a la capital de provincia. También que en los últimos años la administración autonómica realizó un importante esfuerzo económico en materia de infraestructuras judiciales. Considero que estas alegaciones serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar la organización territorial judicial.