Da un plazo de 15 días a las partes para que propongan nuevas pruebas
27 dic 2014 . Actualizado a las 09:44 h.Las «diligencias esenciales a los fines del sumario» que afecta al exalcalde de O Carballiño y exsecretario general del PSdeG-PSOE, Manuel Pachi Vázquez, contra quien se querelló la Fiscalía por una serie de contrataciones presuntamente irregulares, ya están practicadas. El magistrado José Antonio Ballesteros, instructor de la causa en el Tribunal Superior de Galicia al tener Vázquez la condición de aforado por ser parlamentario, ha dado quince días al fiscal y a las partes personadas -el Concello de O Carballiño y el afectado- para que se pronuncien sobre la necesidad de practicar nuevas diligencias. En la misma providencia, dictada ayer en A Coruña, el magistrado solicita que las partes aleguen «sobre la procedencia de dictar o no auto de procesamiento» contra Vázquez.
En el mismo escrito se alerta expresamente a las partes para que, en el supuesto de que pidan el procesamiento, tengan en cuenta a efectos de prevenir situaciones de indefensión, que se pronuncien no solo sobre las responsabilidades pecuniarias -civil, multa y costas- sino también «sobre otra eventual consecuencia civil del posible delito: la nulidad de pleno derecho de los contratos laborales por causa ilícita». El Concello de O Carballiño está personado en la causa, de hecho, como posible perjudicado por la gestión del gobierno socialista de O Carballiño (con Vázquez como alcalde hasta 2005 y Carlos Montes hasta el 2011) por las supuestas contrataciones a dedo de ese período.
Querella del fiscal
La instrucción de este caso se inició tras admitir el TSXG la querella de la Fiscalía contra Pachi Vázquez, a quien atribuye el ministerio público un delito de prevaricación administrativa por una serie de contrataciones a dedo. Tres empleados municipales declararon ayer en relación con este asunto. El magistrado que instruye este procedimiento sumario en el TSXG -y no en un juzgado ordinario, al ser Vázquez aforado por su condición de parlamentario autonómico- requirió la presencia de los empleados municipales que en los últimos años han tenido bajo su responsabilidad el archivo municipal.
La cita, que ha sido la última de esta primera fase, se planteó después de que en anteriores declaraciones surgieran diferencias en cuanto a la gestión del archivo. El propio Pachi Vázquez afirmó que «él no tiene los archivos», que «no hay archivero y no siempre se pueden encontrar los documentos» y que «en todas las contrataciones se siguió el procedimiento legal». Pachi Vázquez, en contra de la posición de la Fiscalía, afirma que él no había visto los expedientes de los contratos presuntamente ilegales, pero «han existido», según sus palabras, tal y como aparecen en el acta de su declaración del pasado día 5 de noviembre. En todos los expedientes, afirmó Vázquez a preguntas del fiscal, ha de hacerse mención al proceso selectivo. En todos los casos, añadió el exalcalde de O Carballiño y exsecretario general del PSdeG-PSOE, tiene que haber un proceso de contratación, para apostillar que «otra cosa es que no se encuentre el expediente».
Las declaraciones de Pachi Vázquez son radicalmente contrarias a la tesis que mantiene el fiscal en la querella. Afirma el representante del ministerio público que se contrataba «con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios que rigen la contratación pública, en los que la publicidad es, sin duda, piedra angular».
Vázquez dijo, por otra parte, que «la administración no habla, escribe», aunque a él «nadie le advirtió de que actuara mal, ni por escrito ni verbalmente». La Fiscalía sostiene, en este punto, que Vázquez y los demás imputados «nunca solicitaron informe alguno ni a los órganos de Secretaría ni de Intervención municipales para no hacer patente su manifiestamente ilícita actuación», según recoge la querella.
Últimas declaraciones
Con la citación a los tres empleados municipales que en los últimos años ha dado por concluido el magistrado esta primera fase de la instrucción.
Una de las funcionarias que actuó en distintos momentos como secretaria, con carácter provisional, aclaró que el Concello tiene un archivo en la segunda planta del edificio, que los expedientes antiguos fueron trasladados a una nave, de donde luego fueron recuperados. Reconoció que se había hecho un expurgo del archivo, pero no de expedientes, sino únicamente de revistas y otro material. Ayer, de hecho, a los testigos les preguntaron sobre un incendio que se había producido en dependencias municipales y la supuesta pérdida de documentos, no confirmada.