La videovigilancia se asienta en Ourense con cientos de cámaras
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
El sistema se usa para la protección de edificios públicos y el control del tráfico
27 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La instalación de cámaras de videovigilancia está bastante generalizada en Ourense, pero condicionada por su implicación con la protección de datos personales y limitada cuando se trata de grabaciones que afecten a la vía pública. Trece cámaras están instaladas para controlar el tráfico rodado y son visionadas por la Policía Local. Asimismo, en la Jefatura de la Dirección General de Tráfico hay cámaras que han sido autorizadas por el director de la DGT, además de otras instaladas en carreteras y autovías. Otros edificios públicos de la provincia ourensana, como la comisaría provincial de policía de As Lagoas, los cuarteles de la Guardia Civil, la Subdelegación del Gobierno o el Palacio de Justicia cuentan con este tipo de cámaras en sus fachadas. Al tratarse de dispositivos instalados solo para la protección de edificios públicos no necesitan autorización de instalación por parte de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Galicia. Las imágenes que graban solo pueden estar guardadas durante quince días. En la capital hay cerca de 400 cámaras registradas y la tasa de sistemas de videovigilancia en la provincia a mediados del año pasado era de 52,80 % por cada diez mil habitantes, de lo que resultaría unas 1.600 cámaras en toda la provincia.
Sí la requieren los dispositivos ubicados en espacios públicos. Hace cuatro años, la comisión denegaba la renovación para el permiso de las cámaras de vigilancia de los polígonos de San Cibrao y Barreiros y el Concello de San Cibrao das Viñas tuvo que apagar 41 dispositivos.
Otros edificios públicos cuentan con cámaras de grabación de imágenes, con fines de seguridad privada. Se encuentran en el interior de recintos como el CHUO o los edificios de Correos que pueden ser visionadas por los vigilantes. No necesitan una autorización previa de la comisión. También está permitido su uso en espacios comunes de centros escolares. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) respaldó con un informe que se pueden colocar en lugares como patios o comedores. La finalidad es la protección del menor, para registrar posibles casos de acoso escolar u otros hechos ilícitos.
Asimismo, está permitido el uso de estos dispositivos de grabación en centros de trabajo para el control del personal o por cuestiones de seguridad por parte de un empresario. Es frecuente su presencia en comercios de todo tipo para prevenir hurtos o robos. En los establecimientos comerciales solo pueden grabar dentro del espacio propio o la franja mínima de vía pública indispensable en los accesos. Pueden ser pruebas importantes, si reúnen calidad y requisitos legales, para identificar a los autores de un delito ante las autoridades. Debe haber un cartel que avise de su existencia; si es para controlar a los trabajadores, estos y sus representantes sindicales deben haber sido informados. También se exige la inscripción del fichero en el registro general de protección de datos de la AEPD. Hay empresas que están obligadas a tener este dispositivo, como los bancos. Han de estar autorizadas y grabar el mínimo espacio de la vía pública.
Uso doméstico para control de cuidadores o para evitar robos en propiedades
El uso de las cámaras de videovigilancia está extendido a nivel particular o doméstico, bien sea para controlar garajes ?el típico rallazo en el coche ocasionado por algún vecino de aparcamiento? o para el control de las personas que están al cuidado de niños o mayores. Son algunos de los usos más frecuentes que constata en una de las empresas de Ourense especializada en estas instalaciones. Javier González, responsable de Sidese, explica que en los negocios la instalación de estos sistemas tiene el objetivo de evitar hurtos o robos. También en viviendas particulares hay cámaras perimetrales que se activan cuando el intruso entra en la finca. Deben tener un cartel avisando de su presencia. Las alarmas con cámara avisan primero al propietario por si ha habido una falsa alerta y si no se dispara el infrarrojo y comunica con las autoridades.
En cuanto al visionado, González comenta que hay personas que revisan las imágenes cada noche. En las comunidades de vecinos, normalmente solo se suele hacer, explica, si ha habido algún robo o altercado en el edificio. Javier González explica que el número de instalaciones de este tipo que realizan en Sidese varía. «No son muchas, para los organismos oficiales viene gente de fuera. Algunos meses instalamos seis o diez y otros nada».