Se quedarían como tal los miembros del Gobierno, diputados y senadores
26 jun 2014 . Actualizado a las 18:54 h.El PP ha rechazado este jueves en el Pleno del Congreso la propuesta de UPyD de abolir de golpe más de 9.000 aforados aprovechando la reforma de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) que va a dar protección jurídica a Juan Carlos y parte de la familia real. La iniciativa del partido que lidera Rosa Díez ha contado con el apoyo de Izquierda Plural y BNG, mientras que el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos se han abstenido.
Aprovechando esa reforma puntual de la Ley del Poder Judicial para adaptar a los profesionales de la Justicia a la racionalización del sector público, la misma que el PP ha usado para aforar a Don Juan Carlos y parte de la familia real tras su abdicación, UPyD registró dos enmiendas destinadas a empezar la supresión de aforados de tal manera que sólo se quedaran, por el momento, los miembros del Gobierno y los diputados y senadores que, como están «blindados» por la Constitución, no se pueden eliminar de golpe.
Unión Progreso y Democracia sostiene que el aforamiento es un «privilegio» que además provoca importantes disfunciones en la labor de la Justicia y obstaculiza la lucha contra la corrupción política, y asegura que en la mayoría de los países de nuestro entorno esa figura ya no existe o ha sido erradicada.
Empezando por jueces y fiscales
En concreto, proponía suprimir de la Ley del Poder Judicial las menciones a los aforamientos que corresponde tramitar al Tribunal Supremo, principalmente jueces y fiscales. Sólo quedarían, por tanto, los aforados que recoge la Constitución, que son los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, y ello es así porque no se puede cambiar su estatus «en tanto no se acometa la oportuna reforma constitucional».
UPyD aseguraba en la justificación de sus enmiendas que, en un Estado democrático, no tienen cabida «los privilegios», como ocurre con el caso de la figura del aforamiento. «No parece razonable aumentar el número de aforados en nuestro país --añadía--. Convendría comenzar por reducir el número de personas que disfrutan de ese privilegio y no, como parece que se pretende, extenderlo a otros nuevos».
En defensa de las enmiendas, la diputada Irene Lozano ha abogado por terminar con «una justicia cómoda y rápida para cargos públicos y otra más cara y lenta para el común de los mortales», y añade que «la ley no puede ser un traje a medida hecho para cada persona».
En una reciente respuesta parlamentaria a UPyD, el Gobierno ya avisaba de que no se puede acabar con los aforamientos de golpe. Según explicaba, la mayoría de los aforados existentes «se deben a la estructura compleja» del Estado y que el Ejecutivo no puede modificar ese escenario unilateralmente porque, afecta, entre otros caso, a los estatutos de autonomía.
Por lo tanto, para cambiar los aforamientos se necesitaría una revolución legislativa, primero de la Constitución, luego de los Estatutos de Autonomía y finalizando con la Ley del Poder Judicial, por lo que el Gobierno ha declarado que ese cambio reformista le parece «muy poco oportuna en la actual conyuntura» y menos aún quitar la protección a los jueces y fiscales que están «a la vanguardia en la lucha contra la corrupción».