Los cuatro partidos que impulsan la consulta sostienen que con esta ley se puede celebrar la votación
11 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Los portavoces de CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa y la CUP presentaron ayer en el registro de la Cámara catalana la petición para celebrar un pleno extraordinario el próximo día 19 con el objetivo de aprobar la proposición de ley de consultas populares no refrendarias y participación ciudadana. Esta es la norma que Artur Mas quiere utilizar para convocar el referendo del 9 de noviembre. Los cuatro partidos que impulsan la consulta sostienen que con esta ley se puede celebrar la votación, como señaló el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, aprobado por un voto de diferencia en una ajustada votación, mientras que el PSC, que votará a favor de la norma, no cree que la ley sirva para dar amparo al referendo porque preguntar sobre la independencia escapa a las competencias de la Generalitat.
En cualquier caso, las previsiones son que ese mismo día 19 el boletín oficial de Cataluña publique una edición especial y en cuanto la ley salga en el diario oficial de la Generalitat, esa misma tarde, Mas firmará el decreto de convocatoria. Aunque podrá decir que el decreto está amparado por una ley en vigor, también se espera que el Gobierno de Mariano Rajoy impugne de manera urgente tanto la ley como la convocatoria, que quedarán suspendidas en cuanto el Constitucional admita a trámite el recurso.
Opciones posteriores
A partir de ahí, es toda una incógnita saber qué decidirán los cuatro partidos que impulsan la consulta. Esquerra y la CUP son partidarios de ignorar el veto del Constitucional, mientras que CiU e Iniciativa de momento no han dicho de forma explícita qué proponen. En cuanto el tribunal suspenda la ley y el decreto, Mas se ha comprometido a reunirse con los cuatro partidos para consensuar una respuesta. Si desobedece al tribunal, corre el riesgo de cometer desobediencia y prevaricación, como ocurrió con el expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. En último caso, el Gobierno central podría recurrir al artículo 155 de la Carta Magna, que contempla hasta la suspensión de la autonomía.
Los partidos soberanistas han optado por el 19 de septiembre para darle el máximo de repercusión, ya que el día anterior se celebra el referendo en el que los escoceses decidirán si se mantienen en el Reino Unido o si, por el contrario, optan por la secesión.