Anulan las licencias de obras y actividad de una discoteca en Portonovo
PONTEVEDRA
El TSXG considera «contradictoria y errática» la actuación del Concello
01 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.De nuevo una sentencia judicial supone un varapalo para las actuaciones urbanísticas del Concello de Sanxenxo. Cuando no hace ni un mes que se hizo pública la decisión de un juzgado de obligar al municipio a devolver los 3,7 millones del SU-13, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha tenido en cuenta el recurso presentado por un vecino contra la concesión de licencia de obras y de actividad a la discoteca Vanity, ubicada en Portonovo. El juez califica la actitud del Concello de «omisiva, errática, contradictoria e ilegítima», explica el documento.
El caso se remonta a abril del 2007, cuando el Concello abrió un expediente de reposición de la legalidad urbanística por las obras de demolición que se estaban acometiendo en el interior del mencionado local hostelero. Además de proceder a paralizar las obras, precintó el local. Entonces, el Concello denegó a la empresa Libélula la licencia de obras para acondicionar el local y la de actividad, además de que constató que el local estaba fuera de ordenación.
En enero del 2009 se levantan todas estas medidas al obtener la empresa licencia de obras por parte de la Gerencia de Urbanismo. Y en abril del mismo año, se autoriza la apertura del local como discoteca.
Fuera de ordenación
Contra todas estas decisiones presentó recurso un vecino, al que ahora da la razón el TSXG. La sala entiende que el local está fuera de ordenación y, por lo tanto, solo se podrían haber autorizado obras de conservación. Y que como el Concello no realizó ningún expediente de reposición de la legalidad urbanística, es imposible que esta situación se arregle «por la concesión de licencia de ulteriores obras constructivas allí luego realizadas a fin de obtener como producto -de origen viciado e ilegal- un nuevo local que pudiera obtener ya los permisos», reza el documento.
El juzgado considera que las obras que paralizó el Concello carecían de autorización y eran ilegales e ilegítimas. Por lo tanto, entiende que de aquella actuación no puede generarse obra nueva y una actividad legítima «auspiciada por un ente municipal que actúa contra su propia y precedente actuación». Por eso, considera «omisiva y errática» la actuación del Concello y acepta el recurso, al tiempo que anula todas las licencias concedidas a Libélula.