El malestar de miles de usuarios afectados por la reiterada tacañería de la concesionaria requiere una satisfacción; pero cabe dudar que las administraciones lleguen a sancionar
15 sep 2014 . Actualizado a las 18:40 h.La mezquindad de Audasa, consentida desde hace tiempo tanto por el Ministerio de Fomento como por la Xunta de Galicia, tiene que tener castigo -real y tangible- para dar una reparación a los miles de perjudicados, entre conductores y ocupantes de los cientos de vehículos atrapados en las interminables retenciones provocadas por la concesionaria de la AP-9.
La apertura de un expediente informativo a cargo del ministerio, aplaudida por el gabinete gallego con entusiasmo políticamente regalado, no va a amedrentar a la concesionaria. Más bien suena a recurso para ganar tiempo; para que pasen el malestar social y el ruido mediático.
Al fin y al cabo, como acaba de recordarnos el BNG, en el 2012 el departamento de Ana Pastor ya le abrió un expediente a Audasa por idéntico motivo. Nada se sabe de sus conclusiones ni de la resolución del mismo. Por eso la formación nacionalista exige la comparecencia parlamentaria de la ministra que, además, como vecina pontevedresa tiene obligación de saberse este asunto mejor que un problema viario en Cádiz o en Teruel.
Audasa lleva años aprovechándose de las administraciones, de los usuarios y de sus trabajadores con una arrogancia extraordinaria. La repetición de los atascos durante el puente del 25 de julio y veremos si también el próximo 15 de agosto es, en realidad, el enésimo bis de una misma canción de cada verano.
Lo más hiriente es que realmente son situaciones predecibles. Ocurren, sobre todo, en las cabinas de Curro, donde confluyen los tráficos del sur y del norte que se dirigen a las playas de O Salnés en horario matinal. También, aunque en menor medida, en las estaciones de Figueirido y de Alba, especialmente en la vuelta, al anochecer.
Caravanas innecesarias
Son problemas evitables. Pero Audasa menosprecia a los usuarios de la autopista condenándoles a innecesarias caravanas que están radicalmente en contra del sentido de usar una vía de peaje para circular más fluido aunque sea pagando, por cierto, unas tarifas cada día más obscenamente caras.
Hace mucho tiempo que Audasa viene racaneando personal. Si hablas con empleados de la empresa te cuentan que cada vez las condiciones laborales son más precarias. Les amenazan con seguir sustituyéndoles por máquinas cobradoras como si tal fuese una solución para la correcta atención a los usuarios de la autopista. Pues no. Muy al contrario, generan atascos y confieren una sensación de impotencia para quien se queda retenido porque el lector de tarjetas no va o no sale el recibo requerido.
Asimismo, Audasa muestra otras señales de tacañería que perciben los usuarios. Cada día, la capa de rodadura de la autopista es peor; se restaura con menor frecuencia; cuando llueve aparecen grandes charcos y surge el riesgo del aquaplanning; la señalización deteriorada tarda cada vez más en reponerse; y por la noche, se apaga el alumbrado en tramos como el Pontevedra-Vigo con un sentido del ahorro que revela avaricia?
La cicatería de la concesionaria de la AP-9 está en relación directa con la reducción de costes que ha emprendido para enjugar la caída de tráficos. Por tanto, con la menor recaudación por los peajes.
Sin embargo, la situación es tan disparatada que tanto el Ministerio de Fomento como la Xunta de Galicia garantizan a Audasa aportaciones de cantidades compensatorias para equilibrar resultados.
La Administración paga
Es decir, que las administraciones tutelantes son al mismo tiempo las paganinis de los pufos que pudieran quedarle a la concesionaria por la pérdida de clientes causada por el encarecimiento de los peajes y el peor servicio que cada vez da.
Y para colmo, el desplome de la inversión pública en infraestructuras produce todavía un mayor cautiverio. No olviden que el tercer carril del puente de Rande lo pagará Audasa. Del orden de 300 millones de euros captados por la concesionaria en los mercados mediante una exitosa suscripción de obligaciones. Los inversores, tanto fondos como particulares, vieron clarísimo el negocio. Cuenta con la garantía del Estado, pues tiene firmado que se nos sigan subiendo anualmente los peajes hasta el año 2048.
Vistas estas condiciones, cuesta creer que habrá mano dura con Audasa.