El Ayuntamiento pretende aligerar al menos en un 30 % el coste del consumo y mantenimiento del alumbrado público en la ciudad. Y en esa línea irá el nuevo pliego para la prestación del servicio que está preparando y que unirá en un solo contrato lo que ahora se presta en dos, uno con Fenosa para la aportación de energía eléctrica y otro con Daviña para el mantenimiento de la red. En total suman una factura anual de 3,7 millones de euros, que el Concello pretende dejar en torno a los 2,6 millones. Eso como poco, porque se espera que la presentación de ofertas rebaje aún más esa cifra, según expusieron ayer la concejala y el director de área de Urbanismo, María Pardo y José Oreiro, tras dar cuenta de la inclusión de Santiago en dos redes europeas que trabajarán con el objetivo de procurar una movilidad urbana más sostenible y una mayor eficiencia energética. Precisamente, esta última llevó hace unos días a Oreiro a Suecia, a un encuentro de ese grupo de trabajo en el que participan 18 ciudades comunitarias y que dispondrán de 36 meses para realizar estudios de eficiencia energética en sus ciudades, sobre buenas prácticas de ahorro e intercambio de experiencias para concluir con un plan de ahorro.
Pero habrá medidas que no tendrán que esperar a que ese plan esté disponible. De hecho, con la iluminación pública se espera empezar este año, tras la adjudicación de un nuevo contrato. Porque no se trata solo de que el Concello modere el gasto con la nueva concesión, sino que esta disminución estará vinculada con la sustitución de las actuales luminarias por las de sistema led. Aunque Raxoi no marcará expresamente cuántas y en qué plazos las habrá que sustituir, Pardo sostiene que los niveles de ahorro que se pretenden alcanzar precisan esa renovación en la red y la introducción de medidas de eficiencia energética. En la nueva concesión, además, se exigirá tarifa plana para el consumo, según Oreiro. El plazo de la concesión está todavía sin fijar.