El Tribunal de Cuentas tumba la denuncia del 2011 de Conde Roa contra Bugallo

r.m. santiago / la voz

SANTIAGO

El PP advirtió presuntas irregularidades contables en 350 facturas por importe de 3,7 millones de euros

14 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El Tribunal de Cuentas ha dado carpetazo al expediente abierto en el 2011 por las denuncias formuladas por el PP contra el entonces alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, por supuestas irregularidades contables en la gestión de las 370 facturas que el entonces grupo opositor advertía que el bipartito había dejado sin contabilizar en el 2008 por importe de 3,7 millones. El tribunal, que en el 2011 decidió instruir la denuncia y trasladarla a su sección de enjuiciamiento, ha resuelto ahora que no existe «supuesto alguno de responsabilidad contable por alcance».

Así lo estimó el delegado instructor nombrado para formular una valoración previa del asunto. Y así lo observó también el propio Ministerio Fiscal, que defendió «la no continuación del procedimiento». Y en esa línea falló el 29 de mayo el tribunal, que declaró «no haber lugar a proseguir con las actuaciones en el procedimiento de reintegro por alcance».

No al juicio contable

En esta fase se trataba de decidir si procedía la apertura de juicio contable a raíz de la denuncia del PP, liderado entonces en la oposición por Gerardo Conde Roa. Los populares apuntaban como presuntas irregularidades la omisión de la contabilización de facturas por 3,7 millones y de procedimientos de contratación, la realización de gastos sin crédito presupuestario, la no imputación de las facturas al ejercicio contable correspondiente, la omisión del principio de anualidad presupuestaria y que el importe de dichas facturas no constase como saldo acreedor en la cuenta para acreedores pendientes de imputar a presupuesto.

Pero de las actuaciones encargadas por este órgano se concluyó que «los hechos no reúnen los requisitos establecidos» para generar responsabilidad. El tribunal considera acreditada «de modo manifiesto e inequívoco» la inexistencia de la misma, en línea con el pronunciamiento de la Fiscalía de que no se había producido «infracción de norma presupuestaria o contable de la que hubiera derivado un menoscabo para el erario público», aunque el PP había hecho mención de un informe de Intervención que aludía a un «posible enriquecimiento injusto del Concello». El gobierno local justificaba entonces que esa cita se refería a lo contrario que daba a entender el PP: a que el procedimiento seguido para el pago de esas facturas «era o que había que facer para evitar un enriquecimento inxusto».

Sin daño a los fondos públicos

El tribunal argumenta la ausencia de menoscabo en el hecho de que la información remitida por el Concello «acredita» que de las facturas a que se refiere la denuncia solo se pagaron las que corresponden a servicios o suministros debidamente prestados, previa tramitación de expendientes de reconocimiento extrajudicial. Es más, refiere que ni siquiera en la denuncia se postula que las facturas objeto de dichos expedientes «no se correpondieran con una real ejecución de las prestaciones».

De todo ello concluye que «no se ha producido pues daño alguno a los fondos públicos». Y no habiendo ese menoscabo, resuelve que las «eventuales irregularidades que se hubieran podido producir en los procedimientos de gestión y pago de las facturas deberán ser depuradas, en su caso, en otros ámbitos administrativos o jurisdiccionales», pues en lo que es de su competencia -el enjuiciamiento de hechos de los que puedan derivar responsabilidades contables- no ha hallado causa.