El juez tomó también declaración a empleados municipales y a Andrés Fariña como ex edil de Deportes
20 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Los funcionarios municipales nuevamente imputados en el caso Montebalsa, Isidro Mendoza y Tomás Rivas, negaron ayer ante el juez José Antonio Vázquez Taín las acusaciones de amaño del concurso de adjudicación para beneficiar a la empresa que da nombre al caso. Ambos técnicos fueron condenados a tres años de prisión en una causa desgajada de la que se instruye ahora, en la que también han sido llamados como imputados si bien inicialmente se les había citado como testigos.
La cita en el juzgado de Fontiñas se inició a las 9.30. El punto final lo puso Vázquez Taín horas después y dejó en el aire una incógnita respecto al futuro de la causa. Las acusaciones conciernen a los expedientes de obra del Concello de Santiago en los que participó la empresa Montebalsa (salvo el del polideportivo del Quiroga Palacios, que ya fue juzgado como pieza separada) y en los que existen indicios de arreglo en favor de dicha empresa. Al menos así lo estima el juez.
Los técnicos respondieron a las preguntas del magistrado y de la defensa, pero se negaron a responder a la acusación. En sus declaraciones negaron los hechos que motivaron la imputación judicial.
Junto a ellos declararon en calidad de testigos varios funcionarios del Ayuntamiento vinculados al departamento de contratación, que se extendieron en aclarar los trámites y pasos administrativos inherentes a los concursos de contratación de obras, sin arrojar aparentemente excesiva luz en la dilucidación de los supuetos amaños.
Y también se personó el ex concejal de Deportes Andrés Fariña, citado por el juez para que aclarase las circunstancias de una de las actuaciones más polémicas del paquete de obras sospechosas, como es la mejora del pabellón de Santa Isabel. Fariña rubricó el acuerdo de adjudicación de esa obra, lo que en este caso aleja teóricamente de responsabilidades a Bernardino Rama.
Los concursos litigiosos se celebraron en el año 2009. Tomás Rivas ejercía como arquitecto jefe e Isidro Mendoza como aparejador municipal en dichos expedientes. Vázquez Taín imputó a Rama por posible connivencia con ellos.