Javier Álvarez-Santullano asistió en el 2009 al edil por el caso Montebalsa
21 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La adjudicación de la defensa de ediles imputados con cargo a los recursos públicos ha motivado en los últimos días una polémica a raíz de acogerse a esta medida Adrián Varela. El responsable de Deportes fue imputado por la juez Pilar de Lara en el marco de la operación Pokémon y solicitó al Ayuntamiento el pago de su defensa. La Xunta do Goberno, previo informe justificativo, acordó el abono de la minuta del letrado, aunque el edil (que defendió su derecho a ello) renunció a esa posibilidad.
El acuerdo, que no es ilegal, hizo que muchos pusiesen el grito en el cielo, pero no se trata de un caso aislado en el Concello. Este abono de la defensa jurídica se ha hecho con algunos funcionarios y el equipo de gobierno autorizó también el amparo legal a políticos de otros grupos, aunque sin facturas por medio.
El grupo socialista recurrió a un servicio jurídico externo para la defensa de Bernardino Rama en dos procedimientos judiciales: las obras de la plaza Roxa y un concurso de Montebalsa. En este último caso el ex edil de Obras fue momentáneamente imputado en las diligencias previas, junto a dos técnicos municipales.
Como consecuencia de ello Bernardino Rama recibió asesoramiento jurídico por parte de un bufete de la ciudad, en concreto el de Javier Álvarez-Santullano. El acuerdo, a propuesta de la alcaldía, fue aprobado por la Xunta de Goberno el 10 de noviembre del 2009 y suscrito como secretaria por Marta Álvarez-Santullano
Los socialistas confirman la adopción de ese acuerdo, pero advierten diferencias sustanciales entre un caso y otro. Una de ellas es que en la imputación de Adrián Varela el auto partió de la justicia, es de oficio y el motivo de la acusación es oficialmente desconocido por existir secreto de sumario.
En los asuntos de Montebalsa y plaza Roxa tocantes a Bernardino Rama la denuncia partió del PP, y en ambos casos concierne fehacientemente al ejercicio de la gestión municipal. No obstante, en las dos causas los jueces observaron indicios que condujeron a la imputación del edil socialista, aunque luego fueron sobreseídas.
Asimismo hay funcionarios imputados que estuvieron defendidos con fondos públicos, como el arquitecto del PAM, pero esa posibilidad figura en el convenio colectivo del Concello.