El Concello de Negreira cumplió esta semana la resolución firme de Augas de Galicia que ordenaba el desmantelamiento del área recreativa de la parroquia de A Pena, levantada en el 2010 con fondos del Plan E. La inversión, de 12.500 euros, consistió en el acondicionamiento del entorno de un lavadero público ya existente junto a un regato que atravesaba el terreno. Sin embargo, en su momento los técnicos municipales estimaron que no eran necesarios permisos de Augas de Galicia, aún siendo desviado el curso fluvial, aparte de la mejora de la canalización con muros de cemento y dos zonas de embalsamiento. Fue precisamente el argumento que dio pie a que el organismo de la Xunta abriese un expediente, que al parecer, inicialmente le fue notificado a uno de los propietarios del terreno lindante, quien de inmediato se lo hizo saber al Concello.
La cuestión principal surge sobre de quién son en realidad las márgenes del terreno. El anterior gobierno del PSOE mantuvo que, según el catastro, eran de dominio público, y que por lo tanto podrían actuar sin autorización de ningún propietario. El actual gobierno del PBN y el PP mantiene que es privado, basándose en los datos del registro de la propiedad y los títulos de la concentración parcelaria, que dicen imperan sobre los del catastro. Desde el 2011, el gobierno actual presentó tres recursos ante Augas de Galicia, el último en febrero del 2012, para intentar frenar el derribo, ya que abría las puertas a la legalización de las obras. Con todo, aseguran que no fue posible ante la negativa del dueño del terreno a dar marcha atrás, a lo que se unió una segunda propietaria que tampoco accedía a que permaneciese allí la instalación con bancos, mesas y farolas, así como un pavimento de piedra.
Malestar de los vecinos
El actual gobierno se defiende de las críticas de quienes les acusan de no hacer nada por evitar el desmantelamiento, y anuncia que la documentación de los tres recursos está a disposición de los vecinos en el área de Urbanismo. En estos se alega que los terrenos lindantes no son de suelo rústico de protección de las aguas, sino de núcleo rural de caserío disperso.
Mientras, entre los vecinos es evidente el malestar, pues mantienen que las dos franjas de terreno a cada lado del regato fueron siempre de uso público, de ahí que solicitasen en su día al anterior gobierno del PSOE su acondicionamiento por la existencia del lavadero.