Tres de los cuatro empresarios gallegos acusados junto a tres marroquíes de integrar una red de explotación laboral de inmigrantes declararon ayer en el juicio que se sigue en Santiago. Ángel Baqueiro, ganadero de Boimorto; y Ramón Hermo y su hijo, administrador y trabajador de Foelca S.L., en Boiro, coincidieron en señalar que algunos de sus empleados les confesaron que pagaron entre 3.000 y 6.000 euros para venir a Galicia a trabajar y que ese dinero lo pagaban en Marruecos, pero que quien se lo exigía era el principal inculpado en la causa, Messaoud El-Omari, exdirector de la oficina de información a los trabajadores extranjeros de CC.?OO. en Santiago.
Los empresarios negaron irregularidades en las condiciones de trabajo de los marroquíes y destacaron que algunos siguen trabajando para ellos. También coincidieron en que fue El-Omari quien los llevó personalmente a sus negocios cuando llegaron a Galicia, algo que el sindicalista, que aún sigue trabajando en CC.?OO., había negado ante el tribunal.
La declaración de Baqueiro fue especialmente contundente contra El-Omari y cuadró con la de uno de los inmigrantes, Abderrahim Lambhara, que declaró que pensó que el dinero era una tasa del Gobierno y que cuando se lo contó a su jefe se dio cuenta de la trama. Añadió que cuando intentó traer «sin pagar» a dos familiares a la granja de Baqueiro El-Omari le dijo que no vendrían si no le daban 3.000 euros cada uno y que pensaba que el sindicalista tenía un contacto en el consulado de Agadir que arreglaba visados.
«El día de la detención de El-Omari los vi muy contentos y les pregunté que qué pasaba y Abderrahim me dijo que no me lo había dicho antes para que no hiciese nada, pero que sus familiares también habían pagado», explicó Baqueiro.
La policía exculpa a CC.?OO.
En la jornada de ayer también declararon por videoconferencia los policías que intervinieron en la investigación. Ratificaron su instrucción y calificaron de veraces los testimonios de los marroquíes. Además, señalaron que no consideraban que CC.?OO. tuviera conocimiento de las presuntas actividades ilícitas que Messaoud El-Omari llevaba a cabo aprovechando la posición que le otorgaba ser el responsable de Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de Santiago.
El fiscal pide cuatro años y medio de prisión para cada empresario y siete para El-Omari, al que acusa de dirigir la red desde su despacho de CC.?OO. en Santiago. También solicita seis años para otro marroquí, Haddaoui Khairou, al que considera cómplice del presunto cabecilla de la trama, aunque hasta ahora ni los otros acusados ni el inmigrante que ya declaró como testigo han asegurado conocerle. Para hoy está previsto que testifiquen el resto de magrebíes que dicen haber sido víctimas de El-Omari.