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Imputan por prevaricación a siete ediles de Santiago por aprobar el pago de la defensa judicial a otro miembro del ejecutivo

Rosa Martínez SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

La Fiscalía admite a trámite la denuncia de un particular sobre aquel acuerdo, con lo que son ya diez los integrantes del ejecutivo local con causas ante la Justicia

14 oct 2013 . Actualizado a las 21:39 h.

El gobierno de Santiago ha sumado una nueva imputación a las que ya arrastra por la operación Pokémon-Manga y por el caso de las supuestas facturas falsas. Pero en este caso se trata de una colectiva que afecta a siete de los nueve miembros de la junta de gobierno local, con lo que ya son diez los integrantes del ejecutivo muncipal, de un equipo de 13, con alguna causa pendiente con la Justicia.

Los concejales imputados en esta nueva causa son María Pardo (portavoz del gobierno local y concejala de Urbanismo), Amelia González (concejala de Persoal), Juan de la Fuente (concejal de Obras), Francisco Noya (edil de Participación Cidadá), Cecilia Sierra (edila de Facenda e Administración Local), Luis García Bello (concejal de Seguridade Cidadá) y María Castelao (concejala de Benestar Social). La imputación es por prevaricación y se deriva de la denuncia de un particular, que la Fiscalía admitió a trámite, tras la aprobación en mayo pasado por parte de la junta de gobierno del pago de la defensa del concejal de Deportes, Adrián Varela, tras su imputación en la Pokémon. El edil renunció con posterioridad a percibir ninguna compensación por los posibles gastos de esa defensa y no se llegó a hacer ningún pago, según la portavoz del gobierno, María Pardo, quien defiende que pese al auto que se les comunicó ayer el acuerdo de la junta de gobierno se ajusta a derecho y que contó con los informes favorables del secretario y el vicesecretario del Ayuntamiento.

De esta última imputación se han librado el alcalde, Ángel Currás, y la primera teniente de alcalde, Reyes Leis, miembros de ese órgano de gobierno que no habían asistido a aquella sesión. Currás está imputado, no obstante, en la operación Pokémon. Luis Meijide y José Rosende son, junto a Leis, los únicos miembros del grupo popular en el Concello de Santiago que no están imputados.

María Pardo, quien dio cuenta esta tarde de las nuevas imputaciones, entiende que hay «una persecución política clara» contra el gobierno compostelano y mostró su preocupación por lo que consideran «una deriva penal de la Justicia», porque temas que pueden resolverse por la vía social o administrativa acaban en la penal incluso sin haberse recurrido previamente a esas otras vías, en lo que «puede llegar a parecer un abuso de la vía judicial penal para influir en la acción política», dice.