La sustitución de quienes ocuparon altos cargos funcionariales con el bipartito al poco de asumir Conde Roa la alcaldía, entre ellos el secretario municipal y la interventora, abrió una polémica en Santiago que recientemente reavivó la apertura del sumario de la Pokémon. La oposición vio secundadas sus críticas en el contenido de las escuchas en las que se hace referencia a la remoción de ambos cargos de habilitación nacional, que fueron apartados de la gestión y sin apenas carga de trabajo desde entonces, dice.
Esa situación la ha evidenciado recientemente la interventora cesada por Conde Roa, Inmaculada Viña, quien el pasado 20 de febrero registró un escrito dirigido al alcalde para que la comisión municipal de acoso psicológico valore si la carencia de funciones que dice arrastra desde hace dos años puede considerarse acoso psicológico.
Según fuentes conocedoras de la situación de la funcionaria, su denuncia no obedece al hecho de que la cesaran en su día, sino a que desde hace dos daños se siente «expulsada» de los servicios económicos, en donde pese a estar considerada como interventora de apoyo no está en la estructura orgánica del área y no se le atribuyen funciones para realizar. Viña presentó ese escrito después de una conversación con la concejala delegada de Persoal en la que esta le dijo que tenía entendido que sí tenía trabajo. La respuesta inicial del gobierno fue la asignación de una tarea específica al día siguiente, pero según las mismas fuentes Viña mantiene su denuncia en espera de que se pronuncie dicha comisión.