La sentencia condena a los ediles por prevaricar cuando acordaron pagar la defensa del edil Adrián Varela, imputado por corrupción en la Pokémon
02 jun 2014 . Actualizado a las 22:24 h.Los siete concejales de Santiago que aprobaron que el Concello pagara el abogado de su compañero Adrián Varela, imputado en el caso Pokémon, han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, Jesús Leal Rodríguez, a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por prevaricación, pena que había sido solicitada por la fiscalía. Sostiene el fallo que «injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio exclusivamente particular, con el fin de favorecer a un compañero de Corporación imputado por varios delitos contra la Administración pública».
El juez concluye que los acusados fueron en todo momento sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho y que, aún así, acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado en los términos por él redactados, «sin hacer referencia expresa en su acuerdo a los condicionantes que desde la Asesoría Jurídica les fueron indicados, ni examinar en modo alguno si concurrían o no los mismos». El fallo rechaza «que cualquier miembro de la Corporación del Ayuntamiento de Santiago no supiese el día 30 de mayo del 2013 absolutamente nada acerca de las imputaciones del concejal de Deportes y la famosa operación Pokémon, tan socialmente relacionada al ámbito de corrupción en el seno de la política».
Aclara el juez que «sufragar con las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por un delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo».
Los ediles, obligados a dejar sus cargos
Esta sentencia, que obligará a los ediles condenados a dejar sus cargos, abre una crisis sin precedentes en la reciente historia democrática del municipalismo en Galicia y pone al presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ante el dilema de buscar sustitutos en la lista que presentó su partido en las elecciones del 2011 y completarla con el fichaje de personas externas, o bien decidir la intervención del Concello, medida esta que se considera la menos probable.
Los ediles condenados son María Pardo, delegada de Urbanismo y portavoz de la Xunta de Goberno Local; Cecilia Sierra, concejala de Facenda; Francisco Noya, de Festas; Amelia González, de Réxime Interno y Persoal; Juan de la Fuente, de Obras; María Castelao, de Servizos Sociais; y Luis García Bello, de Seguridade Cidadá. La semana pasada dimitió Adrián Varela, concejal de Deportes, tras recibir la citación judicial por el intento de despedir a una trabajadora de una empresa del grupo Vendex, concesionaria del Concello, aunque no estaba imputado en el caso por el que fueron procesados sus siete compañeros del gobierno local. En este ejecutivo siguen imputados el alcalde Ángel Currás y la edila Rebeca Domínguez, ambos en el caso Pokémon, y el regidor en una segunda causa, el caso del policía José Antonio Carril.
Los ediles condenados disponen de un plazo de diez días desde la notificación para interponer recurso de apelación contra esta sentencia.
El proceso
Los siete concejales han sido condenados por prevaricación por decidir en junta de gobierno sufragar con cargo al erario la defensa de un compañero imputado en la Operación Pokemon. El fallo se conoce después de que el 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en esa reunión celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar de esta manera la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.
La decisión de costear esta representación legal con dinero de las arcas municipales se adoptó después de una solicitud de Adrián Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, se costease con otros medios que no fuesen los suyos propios. Su acuerdo en la mencionada junta de gobierno fue denunciado por una particular, Doris Sánchez Matos, y, desde entonces, la Fiscalía siempre mantuvo su petición de nueve años de inhabilitación al entender que no habían defendido lo público.