El experto en financiación sanitaria propone ahorrar eliminando con criterios técnicos los procedimientos inútiles y ajustando los salarios
04 may 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Jaume Puig-Junoy es economista y director del máster en Economía de la Salud y del Medicamento de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Gran conocedor de la financiación sanitaria, acepta el copago, pero como un elemento más en la racionalización de la sanidad, no como la gran medida recaudatoria que propone el Gobierno.
-¿Qué opina de «cobrar» por hospitalización?
-La aportación del paciente no debe excluirse para la asistencia, del mismo modo que está aceptada para los medicamentos. Ahora bien, lo importante es que el copago no pase de ser en ningún caso una fuente de financiación marginal, y que el objetivo sea el de corresponsabilizar y reducir el uso innecesario mucho más que el de recaudar. Moderar el exceso de uso requiere un copago moderado, sea sobre medicamentos o sobre la atención, con un límite máximo anual para cualquier persona, y mucho más reducido o gratuito para crónicos y pobres. Si incumplen estas condiciones, empeora el estado de salud y es mayor el gasto que el ahorro.
-¿Sería bueno entonces un copago con límites máximos según la renta?
-Será contraproducente reformar el copago farmacéutico sin antes saber gestionar el límite de los pensionistas sin necesidad de costosas e inútiles devoluciones semestrales. Lo será aún más si se amplía el copago a otros servicios, y sin límite máximo para los no pensionistas. Es arriesgado, carente de sentido financiero y síntoma de desesperación pretender imponer un copago del 100 % de los fármacos de enfermos con rentas salariales más elevadas, que no son los más ricos, olvidando que la progresividad debe provenir del sistema fiscal y no de los precios públicos. Un copago con límites máximos puede ser buena idea, pero no la solución para la sanidad. El mejor copago es el que recauda muy poco, pero desincentiva el uso menos necesario, el abuso.
-¿Las comunidades deben ser libres para adaptar el ajuste a su situación?
-Las medidas de racionalización y de desinversión en ciertos servicios corresponden al margen de decisión de quien tiene la responsabilidad de gestionar el presupuesto sanitario. En nuestro país, hace tiempo que tenemos documentada una amplia variabilidad en la práctica clínica. Conviene dejar margen de actuación a una gestión clínica despolitizada, descentralizada y basada sobre todo en el conocimiento. Disponemos de numerosas pruebas de que más (gasto, actividad) no siempre es mejor (salud), y de que podrían obtenerse ganancias de eficiencia (en términos de ahorro de recursos o de mayor calidad de la asistencia prestada) suprimiendo intervenciones de valor escaso o dudoso y aquellas que provocan daño a los pacientes. Es lo que la literatura llama «desinversión sanitaria». Un estudio reciente de la Audit Comission del Reino Unido muestra que la eliminación de unos 250 procedimientos con limitado valor clínico permitiría reducir el gasto sanitario hasta en 500 millones de euros. Los médicos podrían liderar este movimiento, que en algunas áreas incluso como el cáncer tiene un gran potencial.
-¿Tienen las comunidades margen de maniobra para hacer ajustes en sanidad?
-El margen de actuación es más bien escaso. Y la cifra de siete mil millones de ahorro anunciada representaría un 10 % del gasto sanitario público: es fantasiosa y alejada del más mínimo rigor y justificación técnica. Las comunidades harán mucho si consiguen realizar una décima parte del ahorro previsto con estas medidas. Con sus exigencias, el Estado no pone fin al riesgo moral estatal del «yo invito, tu pagas», y busca coartada para acusar a las comunidades de incumplir con los compromisos fiscales, antesala de la intervención centralizadora con la que viene amenazando el Gobierno.
-¿Qué reformas sí serían buenas para ahorrar sin perder calidad asistencial?
-Una medida temporal de reducción salarial y posterior congelación generalizada a empleados y servicios públicos, como la adoptada en Cataluña, junto con la reducción progresiva de precios de los medicamentos cuyo período de protección finaliza, deberían ser garantía suficiente para cumplir la restricción presupuestaria. Y uno de los aspectos prioritarios en la reforma del SNS se basa en la introducción de criterios de financiación selectiva de las tecnologías y prestaciones sanitarias. La creación de una agencia evaluadora independiente, del estilo del National Institute for Health and Clinical Excellence británico constituiría, en este sentido, un avance hacia la racionalización.
JAUME PUIG-JUNOY DIRECTOR DEL MÁSTER en Economía de la Salud DE LA UPF (bARCELONA)