El anteproyecto de ley contempla hasta la semana 22 para poder abortar. Algunas malformaciones no se detectan hasta las 20 semanas
03 feb 2014 . Actualizado a las 14:43 h.Algunas malformaciones del feto se detectan a las 20 semanas. ¿Es posible acreditar riesgo psíquico grave para la madre y superar la «carrera de obstáculos» antes de la semana 22?
Expertos analizan, en declaraciones a EFE, la ausencia de un supuesto «brutalmente discriminatorio» para algunos y «esencial» para otros. El anteproyecto de ley del aborto aprobado por el Gobierno no contempla la malformación fetal como supuesto para abortar y exige dos informes que acrediten un riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre.
«¿Doctora, qué hago? ¿Qué haría usted?». Este el lamento que miles de madres dirigen a Pilar Martínez, ginecóloga y experta en diagnóstico prenatal, al percatarse de la grave malformación del feto que llevan en su vientre. Y ella no sabe qué contestar. «Es una situación que sólo puedes imaginar cuando te ocurre a ti», alega.
Según la doctora, cuidar a un «bebé precioso» que sufre un problema neurológico grave «puede ser una realidad llevadera hasta cierto punto». Cuando ese niño cumple 40 años, pesa 120 kilos y depende de alguien para ir del baño a la cama, sólo su madre puede saber lo que eso significa.
Para el jefe de Ginecología del Hospital Anderson y fundador de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, Luis Chiva, se está haciendo un cribado prenatal «sistemático y brutal con el fin de justificar el aborto». Como ejemplo, asegura que los nacidos con síndrome de Down han sido eliminados de la sociedad.
Chiva revela que el 80 % de las malformaciones se detectan «mucho antes de la semana 22». Por el contrario, Martínez asegura que la mayoría se diagnostican a las 20 semanas y cree que la nueva ley está pensada para que el aborto sea «una carrera de obstáculos imposible de cumplir».
Repasemos las fases que impone el anteproyecto de la ley del aborto. Revisión del médico de cabecera o ginecólogo, informe de dos psiquiatras, asesoramiento individualizado por parte de los servicios sociales y siete días de reflexión. ¿Es posible completar todos estos trámites antes de la semana 22, el plazo límite fijado por la ley?
Dos meses de lista de espera
Para Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el hecho de que dos psiquiatras distintos tengan que evaluar la salud mental de la embarazada es una medida que pretende «disuadir» a las mujeres para que no aborten. «En algunas comunidades hay dos meses de lista de espera para acceder a un segundo especialista», lo que haría que someterse al aborto durante el plazo legal establecido fuese «materialmente imposible», advierte la psiquiatra.
Por su parte, Chiva cree que de este modo se garantiza que el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre deje de ser un «coladero» y se haga «con la seriedad» de cualquier procedimiento.
La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, sostiene que «nadie tiene derecho a decidir quién y cuánto debe vivir» y que «no puede regir la ley del más fuerte». Latorre defiende la necesidad de «devolver a los más débiles el derecho que se les había robado», una visión que comparte el ginecólogo. No podemos «hacer de menos a nadie que venga con una discapacidad» y se debe tener en cuenta que «hay muy pocas malformaciones incompatibles con la vida».
Reconocer un problema o abocar a una sitación estresante
Para Gay, pesa más la voluntad de la embarazada ya que «no queremos ser los dueños de las decisiones de las mujeres», y menos sin que existan instrumentos «precisos» que determinen el riesgo grave para su salud mental. La doctora Martínez opina que esta ley pondrá a los psiquiatras en dos tesituras. «Reconocer un problema mental que no existe o abocar a la mujer a una situación vital estresante», asegura Martínez.
Ambas creen que el informe que determine un trastorno psíquico en una mujer puede «gravitar sobre su cabeza» para siempre, causándole estigma o incluso consecuencias en su vida futura, como que «alguien le diga que no está capacitada para tener la custodia de sus hijos».
Recorte en ayudas a la dependencia
Otra opción para la mujer que «no quiere o no puede criar a su hijo» es darlo en adopción para darle la «oportunidad» de vivir en una familia que sí desea tenerlo, tal y como propone la directora de RedMadre, Carmina García-Valdés.
Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, tilda de «contradictorio» que el Gobierno «obligue a las mujeres a tener hijos con malformaciones» al mismo tiempo que recorta en ayudas a la dependencia, dejándolas «desprotegidas».