La liberalización propuesta por Competencia choca con la Xunta y colegios
23 oct 2015 . Actualizado a las 08:00 h.Negueira de Muñiz (Lugo), de 211 habitantes, es el único municipio que carece de una oficina de farmacia en Galicia, comunidad que dispone de una botica por cada 2.042 habitantes, una media superior a la del conjunto de España, de 2.140, que a su vez es uno de los países de Europa con mayor número de establecimientos por persona. En España, el 99,9 % de la población dispone de este servicio en su ayuntamiento. Son datos contundentes ofrecidos por la Consellería de Sanidade y los cuatro colegios oficiales de farmacia de las provincias gallegas que, a su juicio, desmontan una de las tesis esgrimida por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para proponer la liberalización del sector, que a su vez consideraba que de esta forma se garantizaría el acceso al servicio en los municipios rurales.
Es más, los presidentes de los colegios aseguran que si se pasa de un modelo regulado a otro liberalizado, muchos ayuntamientos rurales quedarían sin prestación. «Muchas poblaciones se quedarían sin farmacia porque no tienen viabilidad económica y se marcharían para las ciudades», expone Vicente Jairo Álvarez, presidente de la institución de Ourense. «El servicio sería inviable en los entornos rurales porque no son tan rentables, y es lo que está ocurriendo en países donde se ha liberalizado el sector», asiente Héctor Castro Bernardino, su homólogo coruñés.
«Los módulos de población y distancia son necesarios para que haya farmacias en los municipios rurales», apuntala Alba Soutelo, la representante de Pontevedra, aunque matiza que también deberían contemplarse otros parámetros, como la actividad de cada zona.
Todos coinciden, además, en otro aspecto básico del modelo cuestionado por Competencia: el medicamento no es un bien más de consumo, sino un producto sanitario para beneficio del paciente que debe ser administrado por titulados. «La red de farmacia -sostiene Soutelo- aporta profesionalidad, accesibilidad y cercanía, proporcionando seguridad y calidad asistencial a la población». «La sensibilidad, cercanía y accesibilidad a los pacientes no existe en ningún otro lugar de Europa», asegura Castro, que, al igual que Vicente Álvarez, cree que el sistema español, lejos de ser cuestionado, debería ser protegido y exportado.
En Finlandia y Suecia, países en los que los fármacos de prescripción médica no obligatoria pueden comprarse en los supermercados, se están dando casos de efectos adversos derivados del consumo inapropiado de medicamentos «porque no cuentan con el asesoramiento adecuado del profesional, por lo que incluso se están planteando devolverlos a las farmacias», señala Castro. Más contundente aún se muestra Alba Couselo: «Vender medicamentos en supermercados y gasolineras -dice- es un peligro que puede ocasionar que un paciente tome un fármaco que no debe, con consecuencias perjudiciales para su salud».