Ofensiva en Bruselas para que Tailandia no meta su atún en la UE sin aranceles

Las negociaciones de la Comisión Europea para suscribir un acuerdo de libre comercio con Tailandia han forjado quizá no extraños, pero sí inéditos compañeros de cama. Las oenegés Oceana y EJF (Environment Justice Foundation), la asociación pesquera Europêche, y la patronal conservera Anfaco-Cecopesca se reunieron con la directora general de Pesca y Asuntos Marítimos (DG Mare), para trasladar a Charlina Vitcheva su preocupación por que países como Indonesia, Filipinas y, sobre todo, Tailandia, puedan aprovechar el cambio de ciclo político en la UE para difuminar las líneas rojas que había marcado la industria comunitaria y los conservacionistas, como la consideración del atún como producto sensible, la exigencia de iguales reglas de juego o la lucha contra la pesca ilegal.

En un comunicado, Anfaco señala que en octubre pasado, más de 90 oenegés enviaron una carta al primer ministro tailandés advirtiéndole sobre las «consecuencias de las decisiones que su Gobierno pretendía implantar, dirigidas hacia una desregulación pesquera total, que, además, podría permitir situaciones como el trabajo infantil o mayor laxitud en los controles portuarios». Esa preocupación se suma a la de la conserva, que a través de Anfaco-Cecopesca ha solicitado reiteradamente la exclusión total del atún de la negociación, pues «Tailandia no está lista, ni preparada, ni desea adaptarse a los estándares europeos», sostiene la industria de transformación.

La próxima ronda de negociaciones será en junio, justo cuando se celebran elecciones al Parlamento Europeo. De ahí que hayan querido repintar el rojo de esas líneas por si se borran en el traspaso de poderes a la nueva Comisión. Para la industria, no se puede liberar de aranceles al «mayor productor mundial de productos de atún», que exporta una de cada tres latas en el mundo, cuando trabaja con ventajas competitivas. Para empezar, señala Anfaco, Tailandia no tiene flota, e importa atún entero de países como Micronesia, Vanuatu, Kiribati o Nauru, que, según los análisis de la patronal, no cumpliría los estándares de la UE por cuestiones sanitarias o por pesca ilegal. Además, no tiene ratificados convenios fundamentales en materia de derechos humanos o laborales. A nivel medioambiental, sus fábricas no cumplen con los mismos estándares de emisiones que en la UE, y, en la última auditoría realizada, se han encontrado deficiencias en materia sanitaria. Por tanto, «cualquier flexibilidad arancelaria o apertura de contingentes de atún significaría un golpe letal para los intereses comunitarios», recalcan.

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