Lo más polémico de la ley es el poder que otorga al Estado para acceder a datos privados sin mediación judicial
06 feb 2014 . Actualizado a las 20:58 h.Turquía aprobó esta medianoche una controvertida normativa que refuerza el control estatal sobre Internet, algo que la oposición considera una forma de censura y de limitar la libertad de expresión, mientras que el Gobierno insiste en que sólo protege la privacidad, informa hoy la prensa turca.
La normativa, incluida dentro de un paquete legislativo, se aprobó gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta el gubernamental partido islamista moderado de la Justicia y el Desarrollo (AKP), y después de largas horas de intenso debate con un duro intercambio de reproches entre Gobierno y oposición.
Lo más polémico de la ley de internet es el enorme poder con el que contará la Dirección de Telecomunicaciones (TIB), un organismo estatal, para acceder a datos privados sin mediación judicial, según denunció la oposición en sede parlamentaria. Esa autoridad podrá solicitar y guardar las comunicaciones y los datos de tráfico de servidores y proveedores de Internet sin argumentar los motivos, según lo dispuesto en la normativa. El diario digital Bianet señala sobre este punto que la nueva ley de internet fortalece un centralismo autoritario, ya que el director de la TIB será nombrado por los servicios secretos turcos, MIT, a su vez sometidos únicamente al control del primer ministro.
Esto no es lo que se esperaba el activista Gürkhan Özturan cuando a finales de 2010 el Gobierno turco, el mismo que ahora ha aprobado la ley que pone el país al nivel de China o Irán, levantó la prohibición de Youtube y renunció a una ley de control de contenidos en internet, tras amplias protestas ciudadanas. «Entonces pensábamos que mediante las protestas pacíficas habíamos conseguido ampliar las libertades», recuerda Özturan en conversación con Efe, «pero ahora será mucho peor».
El TIB también podrá bloquear cualquier página digital que, a su juicio, considere que ha vulnerado la privacidad o sea considerada discriminatoria o insultante, incluso cuando nadie haya solicitado tales medidas. «Cuando llegaron al poder decían que iban a reforzar la democracia. Ahora lo que tratan es de imponer el fascismo», criticó durante el debate el diputado de la oposición laica Hasan Ören, del Partido Republicano del Pueblo (CHP).
Pero, además, cambiarán las técnicas utilizadas para interceptar los contenidos indeseables para el Gobierno. Cuando los activistas pedían en 2010 «Libertad para Youtube», el popular canal de vídeos seguía siendo el cuarto más visto en Turquía, pese a estar prohibido. Bastaba con cambiar los DNS, una de las matriculas de la red, en el propio ordenador, usar un «proxy», para enmascarar la navegación, o acudir a una de las numerosas web de desvío, que cargaban cualquier destino prohibido.
Reforzar los controles sobre internet
Asociaciones de periodistas turcos han apuntando que el Gobierno solo pensó en reforzar los controles sobre internet cuando conoció la investigación a altos miembros del AKP por corrupción el pasado diciembre y se hicieron públicas en Internet conversaciones comprometidas de altos cargos de la formación. «Al primer ministro nunca le ha preocupado la privacidad, excepto ahora, cuando se le ha pillado a sus ministros, sus hijos y a él mismo en un caso de corrupción», aseguró a Efe Aykut Erdogdu, diputado del opositor Partido Republicano del Pueblo, CHP.
La Asociación de Industriales y Empresarios Turcos ha advertido en una carta pública que esas polémicas disposiciones para proteger la privacidad son un acto de «censura» y tiene efectos negativos en los derechos humanos.
«Ahora, hasta donde podamos interpretar este proceso de legislación poco transparente, se usarán restricciones basadas en las URL. Para ello, el Gobierno necesita herramientas de inspección profunda, un mecanismo más sofisticado que antes», explica a Efe Erkan Saka, profesor de telecomunicaciones de Estambul. «Creo que también podrán circunnavegarse, pero se creará un 'internet paralelo', en el que algunos ciudadanos con más conocimientos informáticos podrán acceder fácilmente a sitios a los que los demás no llegan», intuye.
Vigilancia masiva digital
No sólo la censura preocupa, ya que «el Gobierno está iniciando una masiva vigilancia digital con esta ley, que le permite mantener muchos datos personales de navegación durante mucho tiempo», precisa Saka. «Los proveedores de internet serán obligados a mantener los datos de tráfico durante dos años. Internet será más lento y más caro, pero, sobre todo, la gente empezará a aplicarse la autocensura. El Gobierno quiere instaurar el imperio del miedo», denuncia Özturan.
Las organizaciones internacionales de prensa, entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, también han mostrado su preocupación por la limitación de la libertad de expresión que supone esta normativa. Otros analistas recuerdan asimismo que las protestas contra el Gobierno del pasado verano se organizaron por las redes sociales, y el Ejecutivo criticó entonces que eran utilizadas para «provocar» y «difundir mentiras» que ponían en peligro «la seguridad pública».