Águeda Alonso tuvo que pedir un crédito para pagar la ortodoncia de su hijo. No era un capricho. Alberto Calderón Alonso, su vástago de 19 años, tiene el paladar deformado, muy cóncavo por una dolencia, y no tenía espacio suficiente para las muelas. Para arreglárselo, en diciembre de 2010 solicitó un préstamo a una entidad financiera por importe de 2.880 euros. Un mes después el joven inició el tratamiento. Pero en junio de ese mismo año «empezaron los problemas. Me decían que el ortodoncista había pedido material nuevo y que la empresa proveedora estaba de vacaciones. Creo que eran excusas», señala Águeda Alonso. Desde junio del 2011 el joven no volvió a ser citado. En noviembre se produjo el cierre de la clínica y la familia se quejó a la administradora del centro sanitario. «Yo le avisé: te voy a denunciar», cuenta Alex Calderón, padre del paciente. Entonces la administradora de la clínica «empezó a venir a casa para cambiarle las gomas de la ortodoncia a mi hijo», cuenta Calderón. Los ortodoncistas que trabajaban en el centro eran de origen portugués y M.S. «me invitó a una fiesta a Portugal, pero claro, no fui», cuenta el joven.
Todos los pacientes coinciden en que la dueña del negocio es «afable y simpática», pero después de muchas promesas no les ha terminado el tratamiento que habían empezado.
Águeda Alonso cree que es «difícil que vuelva a recuperar el dinero que perdí». Lo peor es que ahora se ha visto a acudir a otra clínica donde su hijo ha tenido que reiniciar los arreglos de la boca y abonar otros tres mil euros. «Estoy un poco aburrido», señala Alberto.