En junio empezará la demolición de las dos últimas plantas del inmueble de Churruca tras quince años de litigio judicial
12 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El próximo 1 de junio siete familias del número 3 de la calle Churruca, concretamente las que habitan los pisos de las plantas séptima y octava, los habrán desalojado. Será el punto de partida para la demolición de la novena y la décima para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del año 2002 que así lo ordenó.
Lo novedoso de este asunto es que por primera vez en Vigo, y quizás en Galicia, la Justicia logra que la actuación ilegal de un promotor concluya en un derribo, algo que habitualmente solo alcanza a pequeñas construcciones o viviendas unifamiliares. Todo lo más un edificio de hostelería en la costa. Es algo que trae de los nervios a los vecinos afectados, que no entienden el motivo de que les haya tocado a ellos.
El hecho de que nunca haya ocurrido es lo que convierte en llamativo este caso, que además incluye la aparatosidad y la complejidad técnica de eliminar dos plantas en un edificio habitado. Obviamente, la tecnología actual lo permite, pero para ello será necesario afectar a la vida de 52 familias, las 7 que tendrán que habitar en otro lugar durante unos tres meses y las 48 que seguirán allí con importantes molestias.
La primera, la pérdida del ascensor en uno de los dos portales, el número 3, ya que afortunadamente esta construcción es escalonada y las plantas a eliminar son las más pequeñas y solo se encuentran sobre una parte inmueble. La maquinaria del elevador se encuentra como siempre en el tejado y es lo primero que habrá que desmontar. Por suerte para los afectados, la colaboración de la Gerencia de Urbanismo, que financia la operación ante la desaparición de la promotora, acortará el plazo en el que no tendrán ascensor.
Aparte de esto, obviamente, andamios, obreros y maquinaria los envolverán durante estos tres meses para hacer desaparecer dos plantas que se construyeron sin permiso. Las siete familias que se van evitarán este trasiego, pero disfrutarán igualmente de su dosis de estrés: estos días están buscando el piso en el que residirán estos tres meses, y el próximo 1 de junio todas ellas se han comprometido a haber completado esta mudanza provisional.
Origen prosaico
En muchas ocasiones se ha dicho, y escrito, que la disciplina urbanística en la mayor ciudad de Galicia ha dependido hasta ahora más de los propios vecinos, mediante denuncias, que del propio departamento de Inspección Urbanística de la autoridad en la materia que no es otra que el Concello. En este caso se trata de una verdad palmaria: la familia que reside en el número 1 de la calle fue testigo de excepción de cómo en los años finales de la década de los noventa empezaba a construirse el inmueble protagonista de esta polémica.
Sabían que disponía de autorización para ocho plantas, lo que dejaba a salvo las ventanas de su salón en la medianera. Sorprendentemente, cuando el esqueleto llegó a su altura la obra no se interrumpió y alcanzó dos plantas más. Resultado: perdieron las vistas y la paciencia mientras presentaban una denuncia, primero en el Concello y luego en vía judicial. A raíz de ello el edificio fue inspeccionado por Urbanismo, descubriendo que además de estas dos plantas de más había otras cinco más anchas de lo autorizado, lo que excedía la edificabilidad prevista.
Lo que ocurrió después es ya algo habitual en cualquier conflicto urbanístico: denuncia judicial, declaración de ilegalidad, recurso del promotor ante el TSXG, ratificación de la orden de derribo de lo ilegalmente construido, años de olvido del caso, intervención del Tribunal Supremo para certificar el derribo, y más recursos y dilaciones.
Multa al alcalde
Con este trasiego transcurrió la primera década de este siglo hasta que de forma intempestiva el Tribunal Superior tomó de nuevo cartas en el asunto y ordenó al Concello que ejecutara la sentencia. Eso ocurrió hace ahora dos años y desde entonces ya no hubo parón. Para ello el TSXG tuvo que advertir al alcalde que le multaría si no actuaba con celeridad y le remitía periódicamente información de su actuación para zanjar el caso. Dicho y hecho, los jueces sancionaron a Abel Caballero con 300 euros y desde entonces Urbanismo ya no se ha detenido. Los únicos parones se han debido a los recursos, pero el último cartucho ya se agotó y llega el tiempo de la piqueta. Una sorpresa para la disciplina urbanística en la ciudad.
La ilegalidad se descubrió por un vecino al que el edificio le tapó dos ventanas
El Concello pagará el derribo al desaparecer la empresa que lo construyó