El Concello espera a que se resuelva un recurso de los propietarios
26 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.En febrero del año pasado, el gobierno local de Baiona decretó la demolición de los 34 bungalós levantados sin licencia municipal en la playa Ladeira. Las construcciones siguen en pie año y medio después de esta orden y cuando ya han pasado ocho años desde la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestimaba el recurso presentado contra la primera orden de demolición, firmada por Benigno Rodríguez Quintas en el 2001.
El alcalde de la villa, Jesús Vázquez Almuiña, confirmaba ayer que aún no se ha resuelto el contencioso que los propietarios presentaron en el primer trimestre del año pasado y que fue admitido a trámite. «Seguimos esperando para poder actuar. Suponemos que el fallo avalará la demolición, pero el Concello no puede ejecutar hasta que el juzgado resuelva». El regidor explicó que los propietarios recurrieron su orden «porque alegan que los bungalós son legalizables». Almuiña asegura que el Concello nunca interesó al juzgado la suspensión del proceso. Considera que hay que actuar con la «prudencia» a la que obligan las decisiones judiciales.
Respecto al expediente incoado el año pasado por el Concello contra el cámping en relación a otros bungalós, el alcalde informa que se resolvió de forma favorable para sus propietarios, «ya que eran de una tipología totalmente distinta, al ser móviles y con ruedas».
Los bungalós sobre los que pesa la sentencia no tienen licencia municipal ni autorizaciones sectoriales como las de Costas y Medio Ambiente. Según el PXOM en vigor, las construcciones situadas dentro del cámping estarían en «suelo no urbanizable de interés paisajístico » y en Red Europea Natura 2000. Las cabañas en cuestión se encuentran dentro del cámping, en primera línea de la playa Ladeira.
Las instalaciones están en la Foz del Miñor. El recinto es propiedad de la empresa, ya que el Estado vendió los 40.000 metros cuadrados a la firma cámping Baiona Playa. La sentencia del TSXG, del 2005 fue recurrida por los propietarios de las instalaciones ante el Constitucional, que no emitió resolución alguna que anulase o revocase el fallo. La dilación en su ejecución se debe a las continuas apelaciones a las que tienen derecho los afectados. El Concello entiende que ahora la resolución judicial será defintiiva.
Los propietarios abonaron en su día al Concello 143.883 euros, como sentenció el TSXG. El proceso arrancó en el 2000 a raíz de una denuncia del BNG, cuando se colocaron las cimentaciones de hormigón.
El BNG presentó la denuncia en el 2000 y el TSXG resolvió hace ocho años