Analía Melón recibió ayer la esperada llamada y siente «un gran alivio»
11 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Al final sonó el teléfono. El Concello llamó ayer a Analía Melón para pedirle que espere a la próxima semana para hacer el realojo a un piso municipal con el fin de darle un techo. «Creo que me van a realojar en uno en Navia, para mí es un gran alivio», dijo ayer la afectada, una argentina en paro y madre de dos hijas menores.
La mujer tenía que abandonar su piso esta semana porque, a finales del 2013, su casera le dio un plazo de 10 días para que dejase libre la vivienda o la llevaría a los juzgados para que la desalojase. La inquilina debe 7.300 euros de alquiler aunque todos los meses ha pagado lo que ha podido.
En realidad, la familia se tenía que haber ido del piso alquilado en Nochevieja pero Analía Melón desistió porque no tenía otro lugar adonde ir. Solo le quedaba dormir debajo de un puente. Además, había dos hijas menores en la vivienda. La Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) se volcó en diciembre en su apoyo y le comunicó al Concello la necesidad extrema de dicha familia, por lo que el ayuntamiento se comprometió a buscarle un piso municipal. Le dijeron que el día 2 la llamarían pero no sonó el teléfono.
El día 3, la PAH y la afectada se reunieron con el alcalde Abel Caballero y el concejal de Participación Ciudadana, Santos Héctor Rodríguez, y propusieron alojar en menos de diez días a la mujer y sus hijas en uno de los pisos reservados para los hipotecados desahuciados.
Finalmente, ayer sonó la llamada, cuando la mujer estaba ya al borde de la desesperación. «Desde el Concello, me han pedido un plazo hasta la próxima semana, para que todo se arregle y nos realojen», explicó ayer Analía Melón, más tranquila.
Su caso no es el único en la ciudad sino que el número de impagos de alquiler crece. Ayer mismo, en un juzgado de lo civil, una mujer imploraba una solución a los funcionarios: «No me queda más dinero, no tengo con qué pagar, aunque sea pago 20 euros de mi deuda, lo que tengo».
La Oficina de Embargos y Notificaciones realiza al año unas 600 expulsiones de moradores de vivienda que no pagan el alquiler, principalmente, o la hipoteca. En general, cuando la comisión judicial actúa se encuentra con chalés o negocios vacíos, pero el pasado jueves dieron con un comerciante desahuciado que aún embalaba sus cajas para marcharse. Este año apenas se han dado casos de hipotecados desalojados porque desde el 2012 el Gobierno ha promulgado varias leyes que los protegen como consumidores de los abusos bancarios.