El juzgado centra sus investigación en los contratos municipales de Vigo con las firmas Cespa y Eiriña

Agentes de la Policía Judicial registran desde primera hora de la mañana la sede del Concello de Vigo en busca de documentación sobre contrataciones públicas realizadas con varias empresas dentro de la conocida como Operación Patos. Entre ellas se encontraría el caso de Cespa, cuya vinculación con los ayuntamientos de Santiago y Ourense está también siendo investigada. Hasta ahora hay cinco detenidos, entre los que figuran un concejal de Nigrán, el gerente de la empresa Cespa en Galicia y un técnico de Santiago.

En los registros efectuados en la ciudad olívica, se habrían llevado expedientes, discos duros y teléfonos corporativos, según Europa Press.

Según informa Carlos Punzón, fuentes municipales señalan que los agentes solicitaron documentación relacionada con obras y contrataciones hechas por el Concello en los dos últimos años a las empresas Eiriña y Cespa, esta última concesionaria del mantenimiento de parques y jardines de la ciudad y desde el año pasado de la limpieza de los parques forestales vigueses. Dicha ampliación de servicios se llevó a cabo al ampliar la concesión en abril pasado por dos años más.

La cafetería del Ayuntamiento ha abastecido a los agentes de bocadillos y bebidas, por lo que se presume que aún se demoren sus pesquisas.

El concejal de Distritos y secretario de Organización del PSdeG local, Ángel Rivas, estuvo presente en el registro de su despacho, mientras que el responsable de Fomento, David Regades, no asistió al mismo procedimiento en sus dependencias al estar fuera de la ciudad.

La operación se ha centrado en las dependencias de los departamentos de Vías y Obras y Jardines y el área de Limpìeza, dependientes de los concejales David Regades y Ángel Rivas, respectivamente. También han acudido agentes al área de trabajo de Álvaro Crespo, técnico responsable del área de contratación de obras.

El alcalde, Abel Caballero, se ha negado a realizar declaraciones sobre estas investigaciones y su única aportación ha sido la frase «máxima transparencia».

La policía también se encuentra desplegada en el Concello de Nigrán, donde ha resultado detenido el edil de Obras, Jose Álvarez Valverde, por la presunta comisión de delitos de prevaricación, cochecho, tráfico de influencias y falsedad documental entre otros.

En la Xunta de Galicia

En la delegación de la Xunta de Galicia los registros duraron seis horas. Según Europa Press, varios agentes de paisano se presentaron sobre las 10.00 horas de este martes en la delegación de la Xunta, y reclamaron a los funcionarios «diversa documentación».

Fuentes de la Xunta han confirmado que se han realizado registros en varias dependencias del edificio, aunque otras fuentes han precisado que las pesquisas de los policías se han centrado en la segunda planta, donde se ubican los servicios de la Consellería de Traballo e Benestar. «Entraron en varios despachos, entre ellos el del responsable de gestión económica, y requisaron los móviles de los funcionarios a los que pidieron información», han señalado.

Varios agentes policiales que participaron en los registros abandonaron el edificio, por el acceso al garaje, con varias cajas, y en dos coches.

Por otra parte, la Policía también ha realizado un registro en las oficinas del Consorcio Casco Vello de Vigo (organismo participado en un 90 por ciento por la Xunta y en un 10 por ciento por el Ayuntamiento), en la Plaza de la Princesa.

Nigrán

Según informa Mónica Torres, el alcalde de Nigrán, Alberto Valverde asegura que tras hablar con Álvarez Valverde, el concejal «está bien y tranquilo», y reitera su disposición a colaborar con la justicia. «Poco sabemos. Llevamos toda una mañana de incertidumbre. Vino la Policía Judicial sobre las 9.30 horas al ayuntamiento, nos hemos visto dentro de una investigación de la que desconocemos todo», declaró el regidor de Nigrán. Alberto Valverde relató que los agentes le pidieron hablar con él y que recogieron «material de distintos departamentos, no de ningún departamento ni empresa en concreto». Además, dijo desconocer si había algún concejal detenido, incluido Álvarez Valverde.

En total se han realizado un total de 17 registros tanto de carácter domiciliario como en locales vinculados a la firmas Cespa, Eiriña, Enalvi, Inversiones Patos e Intermediación medioambiental, entre otras.

Los registros han includio la delegación de la Xunta de Galicia en Vigo, la Diputación de Pontevedra, los ayuntamientos de Pontevedra, Vigo, Santiago, Ourense, Nigrán y Ponteareas, así como el Consorcio del Casco Vello de Vigo y la Autoridad Portuaria de Vigo.

Ponteareas y Diputación

Entre la documentación que se le ha requerido a la Diputación de Pontevedra figuraría la vinculada a a los campos de fútbol de Coia y Coruxo, ejectuados dentro de un plan del ente provincial de renovación de equipamientos deportivos en toda la provincia.

En el Concello de Ponteareas también se han realizado registros esta misma mañana vinculados, según parece, a contratos con la empresa concesionaria Aquagest y la firma de suministro Covelo. En el caso de Ponteareas existen seis agentes desplegados en el departamento de Facenda, donde se ha requisado numerosa documentación.

Según ha trascendido hasta el momento, el Concello de Ponteareas tiene adjudicado el servicio de abastecimiento de agua a la firma Aquagest desde los tiempos de Jose Castro y entonces, según parece, habría sido prorrogado sin convocar concurso. El noviembre pasado se volvió a ampliar el contrato y le dieron también la gestión de la Estación potabilizadora de agua.

En concreto la Policía Judicial ha trasladado al juzgado de Vigo dos cajas de contratos. El registro duró cerca de cuatro horas, tiempo en el que los agentes estuvieron acompañados por la concejala Belén Villar.

Reacciones políticas

Las primeras reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde Izquierda Unida reclamaron hoy a Caballero que ofrezca información «de inmediato» sobre el tema. El coordinador local, Rubén Pérez, asegura que todas estas sospechas dejan claro que el sistema de contratación público en los concellos gallegos «é a todas luces un desastre».

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