El empresario y un veterinario defendieron su inocencia ayer en el penal 1
28 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El dueño de la perrera de Vincios, José Carlos Fernández, enterraba a los animales que sacrificaba dentro de fosas comunes. Agentes del Seprona descubrieron durante una inspección que llevaron a cabo en el 2011 cuatro excavaciones con una gran cantidad de animales muertos.
Tanto este empresario como el veterinario que colaboraba con él están acusados de un delito de falsedad en certificados y otro de falsedad de documento oficia. Según los informes que el responsable de la empresa Cánidos Val Miñor encargaba al veterinario el tratamiento de los cadáveres de los animales era el adecuado y la perrera reunía todas las condiciones para su funcionamiento.
La vista oral se celebró ayer en el juzgado de lo penal número 1 de Vigo y la representante del Ministerio Público mantuvo su petición de condena de nueve meses de prisión y una multa de 5.870 euros para ambos.
Los dos acusados negaron realizar ninguna estratagema para ocultar una gestión irregular de la perrera. José Carlos Fernández manifestó que todos los informes se ajustaban a la realidad. Dijo que el veterinario acudía una vez por semana para controlar el estado de los animales y que le daba pautas para tener el recinto en condiciones. Cuando los animales se ponía enfermos, los acercaba hasta su clínica, donde eran sacrificados. Posteriormente, una empresa autorizada para la gestión de este tipo de residuos se los llevaba para su posterior incineración.
Para ahorrar en gastos de transporte, congelaba a los perros hasta que juntaba un número suficiente antes de mandarlos a la incineradora.
El veterinario acusado admitió que trabajaba por vocación y que nunca cobró nada del dueño de la perrera. Declaró que nunca vio ninguna fosa común donde se enterraran a los perros y que las instalaciones estaban en buenas condiciones.
Realizó un informe basándose en dos previos, uno elaborado por un equipo de arquitectos sobre la adecuación de las instalaciones a su función como perrera y otro de un programa de profilaxis de otra clínica veterinaria que dio por buena. Posteriormente, realizó informes técnicos periódicos sobre el estado de los animales.
Argumentó que su única misión era realizar una valoración clínica de los perros. De hecho, nunca detectó que padecieran ninguna enfermedad grave de comunicación obligatoria. Un veterinario de la Xunta que declaró como testigo confirmó que pese a que las instalaciones no cumplían la normativa, el estado de los animales era aceptable. Otra veterinaria añadió que las fosas para enterrar a los animales están permitidas, siempre en determinadas condiciones y con una autorización.
Transportista
Un transportista autorizado para el traslado de cadáveres de animales ofreció un testimonio clave al negar la veracidad de la fotocopia de un albarán aportados por la defensa de la perrera de Vincios para justificar una adecuado tratamiento de los cadáveres. Era falso porque el número de serie de dicho albarán aún no había sido imprimido en la fecha en la que supuestamente se realizó el servicio.
El testimonio aportado por los agentes del Seprona no dejó lugar a dudas de la falta de higiene y desinfección de la perrera. «Se veía que esos perros no habían visto un veterinario en su vida», manifestó uno de los miembros de la investigación, para quien no se llevaba un adecuado registro de los canes. «El agua en el bebedero estaba más que podrida», declaró otro agente.
Las defensas de los dos acusados solicitaron la absolución. El abogado del dueño de la perrera dijo que el estado de la perrera no era tan grave y que no hay pruebas de que el contenido de los informes fuera falso. El letrado del veterinario insistió en decir que lo que firmaba su defendido eran informes y no certificados y que su actuación profesional velando por la salud de los perros fue ejemplar.