Considera que el parón es «una garantía» para los 1.200 aspirantes afectados
16 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La culpa es del SICO, sindicato independiente y el más representativo del Concello vigués, pero que en noviembre perdió la presidencia ante la coalición formada por los tres restantes (UGT, CIG y CC OO). Esa es la versión que ayer defendió el gobierno vigués por medio de un comunicado tras su decisión de paralizar la oferta pública de empleo del 2010 y 2011, una medida que afecta a 1.200 opositores que llevan años preparando las pruebas.
Oficialmente, la paralización es «un atraso» motivado «por un recurso xudicial do SICO e outro dunha opositora» que solicitaron la caducidad de la oferta de empleo al haber transcurrido más de tres años desde su aprobación. Esta opositora está vinculada también al sindicato, aunque ese detalle se obvia en el comunicado.
Por si quedaba alguna duda de a quién atribuye la responsabilidad, en el escrito se detalla que «anteriormente a oferta de emprego fora atrasada por outro recurso do citado sindicato ás prazas de policía local, o que provocou que ao longo do ano 2015 tivera que executarse a sentenza derivada deste procedimento». Ante ello, la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta había requerido la modificación de las bases.
Aclarado el motivo, los responsables municipales han tomado la decisión de acelerar las ofertas de empleo pendientes de ejecución, incluida la del 2016. La finalidad sería «non prexudicar aos aspirantes que están preparando as oposicións». Con esta premisa, durante este año serán ejecutadas todas las plazas pendientes de convocatorias anteriores, con un total de 53 puestos de nuevo ingreso y 86 de promoción interna.
Al margen, en función de lo que propongan los servicios jurídicos, se dará carpetazo definitivo a las ofertas ahora paralizadas o bien se decidirá seguir adelante. Una decisión que no es sencilla, ya que si se produce un recurso administrativo una vez celebradas, las personas que aprueben quedarán pendientes de lo que decidan los tribunales.
En estas condiciones, el comité de empresa va a plantear al gobierno local que sigan adelante las plazas de promoción interna del 2010 y del 2011. Consideran los delegados sindicales que incluso si el SICO presentara un contencioso y lo ganara, el perjuicio para los afectados sería menor que si se trata de funcionarios de nuevo ingreso.
En otras palabras, si un auxiliar pasa a administrativo y posteriormente se anula la oposición volvería a convertirse en auxiliar. Un perjuicio enorme, pero para nada comparable con el de una persona que logra una plaza de funcionario municipal y años después los tribunales anulan la convocatoria. En ese caso se quedaría en la calle, con unas consecuencias que es fácil imaginar. Falta por saber si el SICO acudiría a los tribunales.
El comité divide las culpas entre el anterior presidente y el gobierno local por su ineficacia
La nueva mayoría sindical, conformada hace apenas dos meses, se ha encontrado con esta bomba nada más empezar su mandato. El actual presidente, Pergentino Martínez (UGT), junto con Carlos Iglesias (CIG) y Conchi Murillo (CC OO), responsabiliza de lo ocurrido al anterior presidente, Dámaso Pena (SICO), pero también al gobierno municipal.
«Ha sido presidente durante ocho años y las ofertas públicas se aprobaron en su etapa. En este tiempo, no reclamó que fueran convocadas en tiempo y forma», aseguró Martínez. «Es una lástima que no pusiera el mismo empeño y ganas que en la denuncia en conseguir que se hubieran celebrado».
Para los tres sindicatos, Pena fue «partícipe, consentidor e incluso a veces instigador de la dilación del proceso», concluyen.
En cualquier caso, no restan responsabilidad al gobierno municipal «ya que pedimos en varias ocasiones que la oferta se publicara y lo único que obtuvimos fue el silencio. Debido a ello, ahora hay 1.200 opositores en situación de indefensión y 55 puestos de trabajo perdidos».
En el caso de que los informes jurídicos no den vía libre en las próximas semanas a la celebración de las pruebas, las plazas ahora paralizadas no podrán convocarse. El motivo son las limitaciones impuestas por el Gobierno central para la renovación de las plantillas públicas. Limita la tasa a mínimos y siempre relacionadas con las bajas que se han producido el año anterior. Por tanto, estas 56 se perderían hasta que los concellos vuelvan a tener libertad para fijar sus plantillas, como antes ocurría.