Condena al Concello de Vigo a reincorporar a un policía al que obligó a jubilarse
VIGO
El fallo le otorga una indemnización de 4.000 euros por los daños morales
09 oct 2021 . Actualizado a las 00:57 h.Una sentencia del juzgado de lo contencioso número 2 de Vigo ha condenado al Concello de Vigo a restituir en su puesto de trabajo a un agente de la Policía Local al que jubiló forzosamente hace un año.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró la situación de incapacidad laboral permanente del policía después de un largo período de baja médica. La administración local optó por convertir en pensionista al guardia local y mandarlo para casa, sin tener en cuenta que la ley contempla desde hace cinco años la posibilidad de destinarlo a una segunda actividad adecuada a su estado de salud.
La sentencia del magistrado considera que el Concello le cercenó esa posibilidad y que lo hizo de una forma «dolosa», sin que se tratara de «un simple error».
Hay un historial de conflictividad porque al trabajador ya lo relegaron destinándole al puesto de emisora y, posteriormente, al de la grúa municipal, por lo que tuvo que defender sus derechos como funcionario en el juzgado.
«La declaración de incapacidad laboral permanente total no lleva aparejada de manera inexorable la jubilación del empleado, sino que hay espacio para el pase a una segunda actividad», corrige el juez en el fallo.
Se trata de una novedad que introdujo la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales. El magistrado concluye que el Concello no obró conforme a derecho porque no dio al demandante ninguna otra alternativa que no fuera la jubilación, causándole una situación de indefensión.
Vulneración de derechos
De esta forma, el juez que firma la sentencia considera que se vulneraron los derechos fundamentales del agente, por lo que también condena al Ayuntamiento a pagarle una indemnización de 4.000 euros por los daños morales causados.
Las arcas municipales también deberán de embolsarle todos los conceptos retributivos que dejó de percibir desde que fue enviado a la jubilación «a bocajarro», en palabras del juez. Tras jubilarse, comenzó a cobrar el 55 % de lo que percibía cuando se encontraba en activo.
El Ayuntamiento incurrió además en una ilegalidad al no reservarle la plaza tras su jubilación, pese a que podía haberse recuperado y volver a ser hábil para trabajar. De hecho, está citado en marzo del año que viene a una nueva valoración médica para comprobar su estado de salud.
El agente todavía no se ha incorporado a su puesto de trabajo, por que la sentencia no es firme y, tanto él como el Concello, la han recurrido. «Tengo derecho a estar en el trabajo y a cobrar un salario», afirma.
Roberto Lorenzo asegura que este procedimiento judicial es un capítulo más de la situación de acoso laboral que dice sufrir por parte del jefe de la Policía Local y que sus problemas de salud vienen derivados de esta conflictividad laboral. Cree que su jubilación obedece en el fondo a una represalia sindical. El propio agente creó un sindicato para defender sus derechos laborales. «No solo me defiendo a mí, defiendo a todo el colectivo», afirma.
En la demanda había solicitado la activación del protocolo de acoso laboral y la apertura de un expediente sancionador a su superior. «Lo preocupante es estar sometido a un acoso laboral sin que nadie tome medidas», denuncia el policía
En el año 2015 le sacaron de la unidad de patrulla para relegarlo a la emisora. Verbalmente le dijeron que era porque ponía pocas multas. No era rentable para el servicio. Presentó una demanda por esta situación y ganó el juicio pero, en lugar de restituirle a sus funciones anteriores, lo destinaron a la grúa municipal, por lo que tuvo que volver al juzgado, que le dio la razón una vez más.