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Las inmobiliarias y los concellos captan emigrantes para recuperar viviendas

La Voz

OURENSE

28 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

Los concellos de Allariz, Toén, Esgos y A Peroxa, así como los empresarios del sector inmobiliario y el Colegio de Arquitectos formalizaron ayer su colaboración para trazar un plan de rehabilitación para la vivienda del rural ourensano. La iniciativa pretende facilitar la adquisición y recuperación de las propiedades de los citados concellos para impedir que la despoblación en el rural se acentúe y al mismo tiempo dar una oportunidad a los gallegos que residan fuera para que puedan retornar. El presidente de la Asociación de Empresarios Inmobiliarios de Ourense (Adeido), Benito Iglesias, cree que el programa se podrá poner en marcha incluso a partir del próximo mes de agosto. Según las explicaciones facilitadas ayer, personal de Adeido y arquitectos comenzarán a ofrecer sus servicios en los cuatro municipios dentro de unos días. Una de las ventajas que ofrecerá este sistema consiste en que el Colegio de Arquitectos asumirá la realización de un anteproyecto que será gratuito para el eventual interesado en recuperar la vivienda. De la misma forma, la asociación de empresarios del sector inmobiliario prestará asesoramiento legal a los clientes potenciales para hacer las labores de registro de las propiedades, «ya que muchas de ellas están todavía sin registrar», según Benito Iglesias. Subvenciones El acuerdo marco al que se llegó ayer alcanza también a las gestiones necesarias para el acceso a las subvenciones públicas que tienen programadas las distintas administraciones, «que son muy importantes», según el presidente de Adeido, y que incluso pueden facilitar a muchas personas el acceso a su primera vivienda. Por lo que respecta al cálculo de costes que se ha hecho hasta el momento, «se podría estimar una cantidad que va desde los 70.000 a los 100.000 euros de media por vivienda rehabilitada», según Iglesias. Las propiedades podrían tener un coste medio que oscilaría entre los 15.000 y los 40.000 euros y las ayudas públicas podrían cubrir del orden de los 30.000 euros. La mayoría de las viviendas que se analizarán presentan distintos grados de deterioro y la intervención permitiría revalorizar un patrimonio arquitectónico que se sigue degradando a pasos agigantados.