Alertan de los efectos de la construcción de centros de salud con dinero privado
OURENSE
La Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Ourense celebró ayer un debate en torno a la financiación privada de las nuevas infraestructuras sanitarias. Poniendo como ejemplo casos como el de Madrid, los participantes disertaron acerca de las consecuencias que tendría en Ourense que el plan director del Chou y la construcción de los centros de salud proyectados en la capital se ejecutaran a través esta vía. En el encuentro participó el secretario de la federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública, Manuel Martín García, y Marciano Sánchez-Bayle, pediatra madrileño integrado en la misma organización.
Martín García mostró su preocupación ante la paralización de la ejecución del plan director del Chou, el proyecto de ampliación del complejo hospitalario. Aseguró que se debe a la intención de la Xunta de hacerlo realidad a través de financiación privada. Aludió también a la urgencia de las obras para mejorar la asistencia y la atención a los pacientes y aventuró que podría estar paralizado entre tres y cuatro años.
El secretario de la federación alertó de lo que supondría para los ourensanos que se recurra a esta fórmula. Y se refirió al contexto de crisis en la que se enmarcarían estas decisiones: «Se han reducido drásticamente los presupuestos sanitarios. Se ha paralizado la actividad de los hospitales por la tarde, el plan de mejora de atención primaria, se ha suprimido el servicio de radiología urgente en los hospitales comarcales concentrándolo en un solo centro...».
No es la primera vez que la plataforma expresa su temor respecto a una posible privatización de la financiación de las infraestructuras sanitarias. «Son concesiones de obra pública que se adjudican a consorcios empresariales: un banco, una aseguradora sanitaria privada y una constructora. Nos oponemos porque privatiza los hospitales: los deja en manos de empresas privadas, que buscan el lucro».
Según sus explicaciones, la empresa financiaría, construiría y gestionaría -durante el período de concesión, que podría ser de veinte años- la parte no sanitaria del edificio: lavandería, cafetería, seguridad, limpieza, higiene o aparcamientos.
«Se van a cargar la asistencia gratuita. O acabaremos teniendo que introducir el copago», aseguró Manuel Martín.