El Gobierno central no da su brazo a torcer ante quienes reclaman el soterramiento del AVE a su paso por la capital ourensana. El ministro de Fomento, José Blanco, insistió ayer en la propuesta presentada por su departamento y dijo que, en el caso de aceptar la construcción de unas vías subterráneas, el proyecto se demoraría en tres meses. «La Xunta de Galicia y el Partido Popular lo que me están planteando es un retraso de tres años», dijo Blanco, que afirmó que el proyecto actual ya estaría listo para firmar.
De hecho, el ministro de Fomento -que hizo estas declaraciones en el Senado en respuesta a una pregunta planteada por el nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza- dijo que aún no se ha firmado el protocolo para la integración urbana del AVE en Ourense precisamente por la oposición del gobierno autonómico a la propuesta de su departamento. «Si la Xunta de Galicia tiene un planteamiento alternativo es indudable que no puedo firmar el protocolo», aseguró Blanco, que lamentó las dificultades que está encontrando para llevar adelante este proyecto: «Hay algunos que por un lado piden que cumpla con los plazos y, por otro, dificultan que se cumplan».
Incumplimientos
Pérez Bouza advirtió durante su intervención al ministro de Fomento de que «si no quiere ser responsable de un nuevo engaño a la ciudadanía de Ourense» debe urgir al máximo la ejecución de esta obra. El senador nacionalista no se consideró satisfecho por las explicaciones ofrecidas por José Blanco para justificar el retraso en la firma del protocolo de integración del AVE y pidió «que no se tiren la pelota de un tejado a otro del Gobierno central a la Xunta porque en el medio están los ciudadanos de Ourense».
El ministro de Fomento dijo, no obstante, que piensa cumplir con los plazos previstos pero dejó claro que un eventual soterramiento provocaría amplias demoras: «Si hago caso a lo que plantea el Partido Popular en relación con la integración del AVE en la ciudad de Ourense retrasaríamos en tres años la puesta en servicio de la alta velocidad porque habría que empezar de cero, hacer un estudio informativo nuevo, hacer un proyecto nuevo, además del coste adicional que supondría en torno a 400 millones de euros que no sé quién pagaría».