La última decisión de la Audiencia deja libre la vía hacia el juzgado de lo penal
13 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El juicio por el caso de los paneles, en el que están imputados tres ex cargos del BNG en el Concello de Ourense, un funcionario y los dos empresarios que constituyeron la firma Afiador Produccións (que se iba a beneficiar de la fallida adjudicación), no se celebrará hasta el año 2012. Al no ser causa con preso ni concurrir en el caso circunstancias procesalmente relevantes, más allá de la previsible utilización política que se hará del asunto, las fechas de la vista se fijarán por riguroso turno. El hecho de que los procedimientos que llegan a los juzgados de lo penal tengan diciembre como perspectiva hace suponer que, salvo imprevistos, el juicio no se celebrará hasta el 2012.
Al haber desestimado la Audiencia el último recurso de las defensas para solicitar el archivo, las diligencias vuelven ahora al juzgado de instrucción. Llegado el momento, se abrirá un plazo de diez días para que el fiscal y las defensas presenten sus escritos de conclusiones.
Lo previsible es que las defensas, en la línea que han seguido hasta ahora, pidan la absolución. El ministerio público, por su parte, podrá concretar delitos y peticiones de condena. Aun cuanto todavía es posible incorporar alguna prueba complementaria, lo habitual no es eso, sino que, con las conclusiones, el instructor dicte el auto de apertura de juicio oral y el asunto pase al órgano que deberá dictar sentencia.
Salvo sorpresas, será en uno de los juzgados de lo penal, si las peticiones de penas de prisión quedan por debajo de seis años. En caso de superar esa cifra, la competencia sería de la Audiencia. Por otro lado, es previsible que el asunto llegue al Juzgado de lo Penal 1, que reparte los casos en función de la numeración par o impar de las diligencias. En este caso, se trata de las 213/2010 del Juzgado de instrucción 1 de Ourense.
La Audiencia ha resuelto en menos de dos meses el recurso de los imputados que buscaba el archivo. Los 1.237 folios con toda la documentación del caso llegaron a la Audiencia el 17 de febrero del 2011. El 8 de abril se reunió la sala, cuya resolución le fue notificada el martes a los seis afectados, al fiscal y a la acusación particular, que ejerce el grupo municipal del PP.
La fallida adjudicación de un servicio paneles publicitarias presenta, a juicio del instructor, indicios de delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y tráfico de influencias.