El concejal socialista José Antonio García Lores presidirá la nueva comisión especial de Suxerencias e Reclamacións, que se constituyó ayer en el Concello de Pontevedra. La nacionalista Anxos Riveiro es la vicepresidenta de la comisión, de la que forman parte también tres concejales del PP, otro del BNG y uno más del PSOE.
La comisión, que en principio se reunirá cada dos meses, nace en virtud de la aplicación de la ley 57/2003 de Medidas para Modernización del Gobierno Local, o ley de grandes ciudades, como un «órgano creado para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, formado por representantes de todos los grupos que integren el pleno, de forma proporcional a su número». El texto legal describe sus funciones como «supervisar la actividad de la Administración municipal, así como elaborar un informe anual de las quejas presentadas por los vecinos y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales».
El presidente de la nueva comisión comenzará ejercer sus funciones estudiando toda la documentación legal aplicable, junto con los precedentes de otras ciudades, con la finalidad de elaborar un reglamento que defina el funcionamiento del órgano. ?A expensas de lo que determine dicho reglamento, la comisión recibirá las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos relacionados con el funcionamiento de los servicios y las competencias municipales y va a suponer, en palabras de García Lores, «un avance significativo na modernización da institución municipal e o seu achegamento aos cidadáns».
El concejal socialista anunció ayer su intención de trabajar también en una campaña informativa para dar a conocer la nueva comisión a los ciudadanos, así como en la creación de un formulario único para la presentación de quejas, sugerencias y reclamaciones. La intención de García Lores es que éstas se puedan presentar también a través de Internet, con el fin de agilizar su tramitación.
Diez días
El compromiso que adquirirá el Concello es que las quejas serán trasladadas en un plazo máximo de diez días -desde que las analice la comisión, no desde que entren en el Concello- al servicio municipal correspondiente, y que éste tendrá otros diez días para adoptar, en su caso, las medidas que sean necesarias. Los vecinos recibirán una respuesta a sus demandas en un plazo máximo de tres meses.
García Lores destacó que los dictámenes no serán «recomendaciones» -como pueden ser, por ejemplo, los del Valedor do Pobo- , sino tendrán consideración de órdenes de ejecución a los diferentes servicios o funcionarios.