La Asociación Galicia Bilingüe (GB) logró en su convocatoria abarrotar ayer el auditorio del Centro Social de Caixanova en Pontevedra con 800 personas, que comparten con este colectivo su rechazo a la creciente imposición del gallego sobre el castellano por parte de la Xunta.
Su presidenta, Gloria Lago, y José Manuel Pousada, vicepresidente, presentaron su declaración de principios, que aseguran que pasa por una defensa igualitaria de las dos lenguas oficiales de Galicia, y, sobre todo, por la libertad de elección de las personas que las hablan. «Es una cuestión de higiene democrática», señaló Gloria Lago, que explica que la asociación «es completamente conciliadora y defiende la libertad del individuo».
El colectivo que se creó a tenor del decreto de usos lingüísticos en la eduación, al considerar que dejaba el castellano definitivamente aparcado, cree que lo que está ocurriendo en este sector está bastante alejado de la realidad social. «En la educación se está viviendo una ficción», indicaron los responsables de GB, al subrayar que en muchas ciudadades la lengua materna de los niños es el castellano y que muchos profesores también se sienten más seguros dando su asignatura en español, pero todo se desarrolla en gallego «hasta que toca el timbre y acaba la clase».
Sostienen que la Consellería de Educación anunció el decreto como equilibrado, «pero se obliga a estudiar en gallego todas las asignaturas troncales». Además, explican que se permite que los centros opten casi un cien por cien por gallego. «Hay muchos estudiantes que sólo reciben en castellano la asignatura de Lengua Española», dejando al margen el deseo de los padres de que sus hijos se eduquen en la lengua de su elección. «Cataluña y Galicia son casos excepcionales, que no se dan en ningún país bilingüe» de la UE. Por eso, han recurrido parte del polémico decreto ante el Tribuna Superior de Xustiza de Galicia y han remitido un informe al Consejo de Europa. «Vamos haciento todo lo que se nos ocurre».
Además, han entregado 20.000 firmas en la consellería, logrando que el PP retirara su apoyo al texto legislativo. Y siguen recogiendo más. El primer cómputo de esta segunda etapa lo realizarán en diciembre. Pero están seguros de que el número aumentará bastante, «porque hay muchos equipos y personas en todas las ciudades que siguen recogiéndolas».
No solo defienden la libertad en el uso de gallego o castellano en la educación. También en las relaciones con la Administración. «No se debe primar el conocimiento de una de de las dos lenguas sobre la competencia profesional, porque, por ejemplo, hay centros de la tercera edad, dependientes de Vicepresidencia, en los que hay carencia de médicos por este motivo, o conocemos a personas que se ven obligadas a hacer trabajos de investigación en gallego, aunque no lo dominen, porque si no no reciben ayudas», explicó Lago.