Una familia residente en el barrio de O Burgo desde hace más de 40 años denunció ayer públicamente que puede perder su casa sin obtener por ella nada a cambio. José Antonio Aboal, de 65 años, y sus hijas Patricia y Fátima llamaron la atención de los medios de comunicación para tratar de hacer frente a un supuesto requerimiento de Costas para que abandonen la vivienda. Ayer, el abogado de la familia presentaba ante el juzgado un escrito de alegaciones contra una supuesta orden judicial que autorizaría a Costas a entrar en la casa.
La vivienda se encuentra situada en el número de 38 de la calle Martín Códax, muy cerca del parque de maquinaria de la Diputación Provincial en A Xunqueira de Alba y del centro de exámenes de la Jefatura provincial de Tráfico. Se trata de una edificación de una sola planta que tiene unos 75 metros de superficie construida. El acceso es una pista de tierra y alrededor de la casa hay varios galpones y fincas de labranza.
Al parecer, la vivienda está en pie desde 1929, y desde entonces se paga religiosamente la contribución al Concello. La última vez, hace escasamente un mes, un recibo de algo más de cincuenta euros. Al menos eso asegura el cabeza de familia, José Antonio Aboal, que lleva 42 años viviendo en esta casa. En 1989 se hizo con la propiedad de la misma, y lo demuestra con una escritura de compra-venta otorgada por el notario Eduardo Méndez Apenela. Viudo desde hace tres años, José Antonio comparte en la actualidad la vivienda con su hija Patricia, el marido de esta y dos nietos de tres y seis años.
El problema que ha llevado a esta familia a los juzgados y ante los medios de comunicación es que, según relatan, pretenden desalojarles de la vivienda alegando que está edificada en terrenos de Costas. La familia relata que hace unos diez años recibieron un escrito de la Administración, pero el asunto quedó en el olvido. Hace solo un par de meses recibieron un nuevo requerimiento anunciándoles que tenían un mes para desalojar la vivienda.
Y esta misma semana se les comunicó una orden judicial que autorizaría a Costas a entrar en la casa para proceder a su ocupación. Esa orden ha sido recurrida ante el juzgado, pero la amenaza del desalojo sigue pendiendo sobre la familia.