Poco ha durado la paz política en el Concello de Pontevedra tras la pausa estival. El PP volvió ayer con fuerza a ejercer de su labor de fiscalización al gobierno bipartito en lo que a gestión económica se refiere, y lo hizo denunciando lo que uno de sus portavoces, Jacobo Moreira, calificó como «hecho muy grave». «Nos hemos enterado -señaló el edil- de que el gobierno local ha tomado la decisión de sustituir al interventor municipal para colocar a otro supuestamente más complaciente. Creemos que en esta decisión priman más los intereses ideológicos que la eficiencia».
El PP, aseguró Moreira, desconoce los motivos que han llevado al gobierno local a adoptar esta decisión, pero tiene sus sospechas: «Nos tememos -apuntó- que en el seno del gobierno local molestó bastante el informe del interventor al hilo de la última modificación de crédito, cuando advertía del riesgo de entrar en inestabilidad presupuestaria; o que no les deja pasar ni una en las mesas de contratación».
El concejal de la oposición insistió en que «como no es el técnico complaciente que desea el bipartito, buscan a otro». Y advirtió que «un interventor riguroso es un obstáculo para un gobierno que quiere mantener el engaño sobre las cuentas municipales».
Desmentido
Desde el gobierno local, tanto el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, como la portavoz, Anxos Riveiro, y el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, desmintieron tajantemente las graves acusaciones del PP y desvincularon la próxima sustitución del interventor de cualquier tipo de tinte partidista.
Lo cierto es que en función de la ley de grandes ciudades, el gobierno local tiene capacidad para designar libremente a los altos funcionarios del organigrama municipal: secretario general, secretario del pleno e interventor general. Los aspirantes han de cumplir una serie de requisitos mínimos y ser funcionarios de carrera.
En el caso del interventor, el actual, Manuel Roel Hernández-Serrano, lleva apenas un año en el puesto, al que accedió el 1 de octubre del 2008 para sustituir al anterior, que se fue a la Diputación Provincial. Precisamente, el gobierno local aludió a que Roel está cumpliendo una comisión de servicios en el Concello de Pontevedra -su plaza es en el de Arteixo-, y que al cumplirse el primer año se ha tomado la decisión de no renovar el contrato.
«Non imos entrar a valorar as razóns desta decisión, nin a falar si estamos contentos ou non có traballo do interventor -indicó Riveiro-. O funcionario estaba en comisión de servizos, cumplíu un ano e non vai renovar». La misma explicación ofreció González Carballo, que señaló que el proceso para designar a un nuevo interventor todavía no se ha abierto.
Lores, por su parte, también evitó entrar en detalles. «Non teño por costume comentar rodas de prensa do PP, se teñen algo que dicir que o fagan no pleno». En cualquier caso, subrayó que «a realidade non ten nada que ver có que dí o PP».