La Agencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que depende de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, tiene abiertas varias investigaciones en nada menos que en cincuenta municipios de la provincia de Pontevedra por supuestas infracciones urbanísticas.
Solo en doce concellos pontevedreses la APLU no ha llegado a intervenir. Es el caso, por ejemplo de Valga, Silleda, Pontecesures, A Guarda, A Lama o Campo Lameiro. Por el contrario, hay ayuntamientos, tales como el de O Grove, donde las investigaciones desarrolladas por este organismo que vela por la utilización racional del suelo conforme a lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico, han derivado en más de un derribo que ya ha sido ejecutado. La piqueta también ha entrado en Bora (Pontevedra), donde una nave industrial levantada en suelo rústico es ya solo un mal recuerdo, o en Caldas de Rei, entre otros, donde el APLU decidió devolver a la legalidad urbanística un terreno de Godos donde se había construido un polémico aeródromo.
Barro, Bueu, Cotobade, Cuntis, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Poio, Ponte Caldelas, Portas, Ribadumia, Lalín, Vilaboa o Sanxenxo, amén de Pontevedra y Vigo, son algunos de los términos municipales en los que la agencia presidida por la secretaria general del Territorio y Urbanismo, María Encarnación Rivas Díaz, tiene activo algún tipo de investigación.
Su actividad, en la que intervienes inspectores y subinspectores urbanísticos que trabajan al alimón con los respectivos ayuntamientos gallegos, derivó en la imposición de multas que superan los 1,8 millones de euros a lo largo del pasado año. De esta cantidad, el grueso corresponde a las multas impuestas por infracciones muy graves, en concreto, 1.442.665 euros.
Durante el 2008 se levantaron un total de 265 inspecciones, y se completaron 218 investigaciones de actuaciones urbanísticas ilícitas. Asimismo, se resolvieron 51 expedientes de resposición a la legalidad urbanística de los 136 abiertos. El número de multas coercitivas impuestas con el fin de ejecutar las anteriormente citadas órdenes de demolición fue de 85, cuyo importe se tradujo en 443.038 euros.
Por infracción urbanística muy grave se abrieron 57 expedientes, de los que 12 se resolvieron antes del cierre del ejercicio pasado. Asimismo, se impugnaron 23 licencias urbanísticas.
La APLU también resolvió 174 autorizaciones para usos en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Construir en suelo rústico
Las parlamentarias nacionalistas Isabel Sánchez Montenegro y Teresa Táboas Veleiro presentaron varias interpelaciones escritas sobre la actividad de la APLU en los concellos de Galicia y las actuaciones que está desarrollando el Gobierno gallego a través de esta.
Es en la respuesta a dicha iniciativa, donde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras reconoce que «as principais investigacións desenvolvidas tiveron por obxecto actuacións presuntamente constitutivas de infracción urbanística moi grave, consistentes en obras e actividades realizadas en solo rústico que están prohibidas na lei».