El alcalde de Portas, el popular Roberto Vázquez, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de un supuesto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios, tipificado en el artículo 441 del Código Penal. El caso se remonta al año 2000 cuando todos los grupos políticos de la oposición presentaron una querella contra el regidor por «autocontratación con empresas propias y de su familia» y por «fraude al Concello, facturación doble y falsedad».
El portavoz del PSOE, Santiago Carballo, fue uno de los impulsores de la querella interpuesta contra Vázquez Souto hace nueve años. El juicio, que está pendiente de señalamiento, se celebrará en el Juzgado de lo Penal de Pontevedra.
Según trascendió de los escritos de acusación del fiscal y de la acusación particular, el político popular contrató a empresas de su ámbito familiar y a otras que finalmente contrataban a sus allegados diversas obras en la escuela taller, la recogida de basuras del Concello durante un tiempo (agosto, septiembre y parte de octubre del 1998), el transporte de cruceiros o el traslado de lonas desde O Porriño a Portas para la celebración de fiestas de la tercera edad.
El fiscal solicita para el alcalde, que lleva en el cargo desde el 15 de enero de 1992, dos años de suspensión de empleo o cargo público y una multa de 9.000 euros. El representante del ministerio público afirma que como regidor Roberto Vázquez realizó contrataciones administrativas «por el sistema de contratación directa con empresas pertenecientes a su ámbito familiar, de las que él es el verdadero administrador, y con otras que finalmente contrataban con sus empresas familiares».
Facturas
En concreto, la firma Comercial Chandouteiro S.L, que tiene como socios a tres hijos de Vázquez Souto y como administradora de la sociedad a su mujer, realizó, por cuenta del Concello, trabajos en la escuela taller de Portas emitiendo seis facturas por valor de 136.010 pesetas. Otras nueve facturas aún no han sido aprobadas ni abonadas.
El fiscal añade que el regidor es presidente del consejo de administración y consejero delegado de la sociedad Comercial Vázquez Vázquez. Aunque señala que esta sociedad no contrató directamente con la Administración local, sí lo hizo indirectamente a través de otras sociedades para realizar la recogida de basuras de Portas (252.880 pesetas) o el transporte de lonas (85.840 pesetas).
La acusación particular, que ejerce el concejal Santiago Carballo, hace hincapié en que las contrataciones se hicieron «al margen del procedimiento legal de contratación administrativa» y amplía las penas que demanda el fiscal. En concreto, plantea que el proceder del regidor incurre en un delito previsto en el artículo 439 del Cógido Penal, para el que solicita inhabilitación especial para cargo público durante cuatro años y una multa de 36.000 euros. Como alternativa, propone una multa de 18.000 euros y tres años de inhabilitación para un delito previsto en el artículo 441. Por último, alude a la comisión de un delito previsto en el artículo 436, para el que pide dos años y seis meses de prisión e inhabilitación especial durante ocho años.