Suárez Costa recalca que todas las obras tienen aprobada la declaración de impacto medioambiental
10 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, rompió ayer su silencio desde que el pasado viernes se hizo pública la sentencia que declara ilegal el relleno del puerto. En unas improvisadas declaraciones minutos antes de que arrancase el Consejo Administración indicó que aunque la decisión le corresponde a los técnicos, si se tuviesen que devolver al mar los 300.000 metros cuadrados que ocupa la terminal de contenedores el daño medioambiental y económico sería mucho mayor que mantenerla.
Aunque la prudencia marcó las declaraciones del máximo responsable del Puerto, sus palabras evidencian el nerviosismo en el que se ecuentra desde el viernes y que le llevó a convocar una reunión urgente, a petición del Concello de Marín, para informar del fallo del Supremo a los 26 miembros que forman el Consejo de Administración.
Respecto a la afirmación que recoge la sentencia y en la que se cita textualmente que «el Plan debió someterse a evaluación de impacto medioambiental antes de su aprobación definitiva», Suárez Costa recalcó que «todas las obras que se han hecho aquí, sin exclusión de ninguna, cuenta con la declaración de impacto medioambiental. Por ese lado no hay ningún fallo que se haya detectado». Sin embargo y ante las dudas que se puedan suscitar, recordó que solo lleva tres o cuatro meses en este puerto. Las polémicas obras del puerto de Reboredo se llevaron a cabo entre el 1998 y el 2006, durante la gestión de los últimos tres presidentes.
En la reunión
Ahora es el turno de que los técnicos, el abogado del puerto, Juan Antonio Sardina Páramo, y del jefe de la abogacía de la provincia estudien todas las alternativas posibles para revocar una sentencia, que a priori, no admite alegaciones técnicas. Antes de que la puerta del Consejo se cerrase, José Benito Suárez señaló que espera que «el director del Puerto y gestor de esta empresa dé una explicación desde el punto de vista técnico».
El siguiente paso será reunir a las tres administraciones -Xunta, Diputación y Concello- para que se pueda desarrollar un estudio conjunto sobre una sentencia «no esperada para el consejo del Puerto y que es difícil de ejecutar», según indicó ayer alguno de sus miembros.
El presidente de la Diputación, Rafael Louzán, lamenta que el retraso de la sentencia contra los rellenos, -llega 16 años después de que los partidos políticos de la institución provincial aprobase el Plan Especial del Puerto- pueda dañar ahora a los trabajadores y empresas del relleno. No dudó en lanzar un mensaje a los responsables del puerto por no haberse puesto en contacto con el organismo que preside y que haya sido por los medios la única forma que ha tenido de enterarse. Al igual que Suárez Costa, trasladó un mensaje de tranquilidad a los trabajadores. «Es hora de sentarse para ver qué fórmulas compensatorias se establecen, ya que supongo que habrá cosas que no se pueden ejecutar», indicó.