La moratoria que será sustituida por el nuevo Plan de Ordenación del Litoral no evitó el trámite de 1.500 casas
26 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Pueden hacerlo, pero no lo hacen. Ni antes ni después de la moratoria para la prohibición de la construcción en la costa. Los ayuntamientos tienen la posibilidad de preservar su litoral de la edificación masiva, pero se han dedicado a aplicar una interpretación de mínimos de la ley.
Así consta sobre el papel. El estudio de los planes generales en vigor de los municipios que miran hacia la ría de Pontevedra lo deja claro. Sesenta y cinco kilómetros de litoral, pero solo 6,3 protegidos de forma específica por encima de los límites que les exigía la legislación bajo la que fueron aprobados los distintos planes generales.
La protección total de quinientos metros en la franja costera en vigor hasta el 17 mayo queda matizada en el nuevo Plan de Ordenación do Litoral, presentado ayer por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en Santiago.
Bosques sí, acantilados no
El Ayuntamiento de Poio dio luz verde a su ordenamiento en el año 2000 con la costa como principal polo de superficie urbanizable. Cuando se diseñó se reservaron grandes áreas protegidas de hasta el setenta por ciento de superficie del municipio. Todas ellas zonas forestales. Y ninguna en la costa. Hay algunas pequeñas zonas con condiciones más estrictas de construcción costera, pero no elementos de protección específicos.
Media docena de núcleos de población se extienden a lo largo de quince kilómetros del litoral dentro del municipio. Al ser zonas consolidadas, como Raxó o Combarro, los edificios se han podido levantar a un mínimo de veinte metros del mar. El plan del año 2000 renunció a una protección mayor en esos enclaves.
Y podría hacerse. De hecho, con posterioridad se han protegido desde el ámbito municipal una superficie 20.610 metros cuadrados para preservar un humedal en el entorno de A Barca. Marín y Bueu tendrán que adaptarse ahora al Plan de Ordenación do Litoral. Marín lleva lustros tratando de regularizar algunos núcleos urbanos tradicionales fuera del ordenamiento pese a tener algunos cerca de un siglo de existencia. Bueu tramita la adjudicación de su plan general, con lo que el municipio costero diseñará su desarrollo urbano atendiendo al nuevo Plan de Ordenación do litoral.
El impacto de la moratoria
La anterior medida, la de protección total de la franja de quinientos metros en el litoral, paralizó 575 viviendas junto al mar en Sanxenxo. Son el número total de casas previstas en los cuatro suelos urbanizables que aún no habían obtenido la aprobación definitiva de sus planes parciales, requisito marcado por la Xunta.
Sanxenxo, el municipio que escapó a la ley del suelo del 2002 y contempló un gran número de suelos urbanizables con la restricción entonces en vigor, de doscientos metros, es, paradójicamente, el único que reserva una protección adicional a la que exige la legislación autonómica en unos cinco kilómetros de su litoral. Se trata básicamente de figuras de preservación paisajística.
Las urbanizaciones previstas en Canelas, Montalvo, Major y en el entorno de A Lanzada se vieron afectados por la prohibición decretada por el Gobierno de Emilio Pérez Touriño de edificar en el litoral. A Lanzada, con 290 viviendas; Major, con 175 residencias; Canelas, con 70; o Montalvo, con 40, quedaron en entredicho. La moratoria afectó principalmente a chalés de dos plantas, incluido el bajo. En total, casi seiscientas casas.
Escaparon a la moratoria
Pero otras 1.517 viviendas en el litoral de Sanxenxo han podido continuar con su tramitación pese a la prórroga que viene a sustituir el plan autonómico presentado ayer. Y lo han hecho porque los suelos urbanizables en los que se enmarcan ya contaban con el plan parcial aprobado de forma definitiva cuando entró en vigor la moratoria del Gobierno de Touriño.
Con 509 y 407 viviendas previstas respectivamente, la urbanización de los suelos en A Granxa y Os Cotos, en el límite con la parroquia de Raxó, en Poio, está casi completa y espera a una reactivación del sector inmobiliario para colocar las viviendas en el mercado.