El Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido por escrito, en una respuesta a la diputada nacionalista Olaia Fernández, a que la solución del conflicto de los núcleos del litoral tenga un tratamiento específico para el caso de Marín y que este se plasmará en el deslinde cuya incoación ya ha sido autorizada.
El Estado deja bien claro que el deslinde no será una solución general que se pueda trasladar a casos semejantes en el resto de Galicia, ni del Estado. En la actualidad, solo en la provincia, hay varios municipios -como Vilaboa y A Illa- pendientes de cómo evoluciona el caso marinense, pero desde el Ministerio se recalcó que la aplicación de una «solución similar» dependerá de cada uno. En esos otros conflictos se tendrán en cuenta concretamente la «situación administrativa y judicial» de los asentamientos costeros implicados con la intención de que desde el Ministerio se mantenga el criterio de una «respuesta individualizada».
Sin aumento de volumen
El reconocimiento de la singularidad del caso marinense es una de las reivindicaciones de los vecinos. Los afectados señalaron en reiteradas ocasiones a lo largo de estos años que con este asunto se intenta acabar con un conflicto muy local y provocado por un error administrativo en 1988, año de entrada en vigor de la Ley de Costas.
Por su parte, Medio Ambiente puntualizó que las fincas afectadas por la zona de servidumbre de protección «continúan siendo de propiedad privada». Costas enfatizó, asimismo, su papel decisivo para la preservación del litoral en el municipio.
En su escrito, el Ministerio añadió que «la Ley de Costas no altera la situación urbanística existente a la entrada en vigor de la Ley». Además recordó que con su actuación se han protegido estos núcleos, al impedirse que sigan creciendo o incrementando el volumen edificativo.
Los afectados sí pueden realizar trabajos de reparación, conservación y mejora. El departamento estatal manifestó que la «única limitación» es que no se aumente el volumen existente. Los propietarios deben obtener también para su ejecución el visto bueno de la Administración autonómica, y en algunas ocasiones, del Ayuntamiento.