El pleno de la corporación municipal de Pontevedra aprobó el pasado viernes por unanimidad demandar a Fomento que busque una tercera alternativa para hacer cumplir la sentencia que afecta al tren a Marín. Ni soterrar las vías, porque sería carísimo y supondría de facto la muerte de este ramal, ni enterrar los pasos de peatones y de vehículos, porque obligaría a dividir la plaza en dos vallando la traza ferroviaria.
Pontevedra exige al Ministerio de Fomento que busque otra solución, y apunta que esta no puede ser otra que cambiar el trazado del ramal, para evitar que pase por la plaza de Os Praceres. Hasta ahí, todos los grupos políticos están de acuerdo.
Ahora bien, la unanimidad con la que se aprobó el asunto tiene sus matices. El PP -que ni siquiera contaba con tratar este tema en el pleno, pese a que así se había acordado en la Comisión de Infraestructuras- cree que la propuesta municipal podría estar «un poco más trabajada». Ricardo Aguilar Argenti admitió que las dos propuestas de Fomento «no gustan a nadie» pero echó en falta que el Concello formule su propia alternativa. «No hemos visto ni el más mínimo esfuerzo, simplemente le trasladamos a Fomento la búsqueda de un trazado alternativo».
Por parte del gobierno local, César Mosquera (BNG) subrayó que enfriar la patata caliente en que se ha convertido el tren al puerto es competencia de Fomento, y que el papel que ha de jugar el Concello en el asunto es poco más que de mero espectador. Recordó, eso sí, que la Xunta del PP de Fraga fue la primera en subirse a un tren que ahora corre el riesgo de quedar en vía muerta por mandato judicial.
Su socio de gobierno José Valcárcel (PSOE) ahondó en esta línea y pidió también que Diputación y Xunta -que tuvieron mucho que ver cuando se construyó la infraestructura- también aporten sus opiniones.
Sacar lecciones
Y como aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid -o en este caso el tren por Praceres-, Valcárcel dejó su puyita dirigida al PP. Pidió que este caso sirva para sacar lecciones sobre las consecuencias de «decisións políticas adoptadas ao límite da legalidade». Por si alguien no había captado el mensaje, él mismo se encargó de especificar que se refería a «certas actuacións en marcha que poden acabar sendo cuestionadas polos tribunais, como desdobrar un vial o impulsar un proxecto sectorial para construir un novo hospital en terrenos que poden non ser axeitados».
O sea, que unanimidad a la hora de votar, sí; pero con matices.