La vigencia e importancia del plan especial del puerto del 2005 es el otro pilar en el que se confiaba para poder garantizar la actividad comercial en los rellenos frente a Estribela. El pasado otoño un Juzgado de lo contencioso de Pontevedra anuló la licencia concedida por el Ayuntamiento de Marín al frigorífico Cabomar (antigua Tradepana) para su funcionamiento en los rellenos declarados ilegales. En su resolución, el juez señalaba que como el proceso de aprobación del plan del 2005 era idéntico al del 2000, adolecería de los mismos defectos por lo que consideraba que la licencia no podía ser válida. Esta situación relanzó nuevamente la polémica sobre la realización de la sentencia que declaró ilegales los rellenos en el 2009 por parte del Supremo.
«Inejecutabilidad»
Entre las reacciones recogidas el pasado otoño, destaca la de la Consellería de Medio Ambiente, Transportes e Infraestruturas. En esa ocasión, desde el departamento autonómico se insistió en que la demolición era «inejecutable» y que en este sentido se iban a pronunciar ante el Supremo.
La Xunta sopesa varias posibilidades jurídicas, en colaboración con el jefe de la Abogacía del Estado en Pontevedra y la propia Autoridad Portuaria para solventar el problema de los rellenos. Está por ver si finalmente la consellería informa a favor de la inejecutabilidad de la demolición de los rellenos y si el Supremo está dispuesto a aceptar sus argumentos. Otra vía que se podría plantear, según fuentes del caso ayer, sería estudiar la posibilidad de demoler alguna zona que no fuese vital para la actividad del puerto, mientras no se pudiese conseguir una solución mejor.
En la actualidad, tanto la Xunta como la Autoridad Portuaria consideran que la actividad comercial de las empresas ubicadas dentro del puerto queda protegida por el plan especial del puerto del 2005. No obstante, también se admite la necesidad de acatar la sentencia que declaró la ilegalidad de los rellenos. Ante esta disyuntiva, todavía no se ha podido anunciar ninguna solución definitiva.
El plan especial del puerto es el documento que rige el urbanismo en el recinto marítimo, lo que supone una especie de PXOM para regular los edificios y las actividades que se desarrollan en su interior.