Méndez Romeu anuncia para antes de las autonómicas una norma que suplirá a la de 1988 El PSOE y BNG apoyaron ayer la decimosexta reforma de la Lei da Función Pública
17 jul 2007 . Actualizado a las 07:00 h.La aprobación de la que ya es la decimosexta reforma de la Lei da Función Pública desde su aprobación en 1988 coincidió ayer con el anuncio, por parte del conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, de que en el plazo aproximado de 15 meses, antes por tanto de las elecciones autonómicas del 2009, presentará al Parlamento un texto para elaborar una nueva legislación en el ámbito del empleo público, que sustituirá a la que lleva 19 años en vigor. Méndez explicó que de la confección de ese texto, en el que se adaptará la ley actual al Estatuto Básico del Empleado Público, se ocupará un comité de expertos integrados en un organismo que se creará por medio de una orden que se publicará la próxima semana en el Diario Oficial de Galicia. La reforma de la norma sobre el funcionariado, con la que el actual Gobierno prevé reducir 800 puestos de libre designación, centró los puntos de fricción entre los grupos que apoyan al Gobierno y la oposición, en un pleno extraordinario de la Cámara marcado por el consenso sobre las modificaciones legislativas para reconocer el estatus jurídico de los ex presidentes, renovar el valedor y el Consello de Contas, y aprobar la nueva ley gallega sobre violencia sexista. Los grupos convirtieron el debate de la Lei da Función Pública en un cruce de reproches sobre la politización de la Administración. El PP rechazó una reforma que «nace morta», por esa necesidad de adecuarse a la norma estatal y porque, según denunció el diputado Rodríguez Miranda, «responde ao único obxectivo de politizar a función pública e blindar nos seus postos a cargos de libre designación». Aseguró que el bipartito creó 860 puestos «que agora pretende blindar cun concurso específico». Méndez Romeu constató una «necesidade imperiosa de despolitizar a función pública», ya que, replicó, Fraga dejó 1.134 puestos de libre designación, lo que equivale al 5% del funcionariado, sin contar sanitarios y docentes. Apuntó que el PP legó una Administración con una tasa de temporalidad del 17% -que se pretende bajar al 8- «inzada de interinidades» y otras situaciones «máis escandalosas que están a provocar unha cascada de sentenzas xudiciais». Antes de dejar la Xunta, Fraga solicitó un informe al Consello Consultivo para blindar a 1.200 funcionarios, una maniobra de la que desistió y que hubiera obligado al bipartito a crear puestos específicos.